La Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite al amparo que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solicitó para descentralizar la realización de las pruebas de COVID-19.
Según el tribunal constitucional, la institución dirigida por Jordán Rodas cumplió con los requisitos para pedir la referida acción legal, pero, por competencia, deberá ser conocida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De esa cuenta, se trasladó el expediente a la referida instancia para que allí se determine si procede otorgar la protección constitucional o no.
Con la referida acción legal, el magistrado de Conciencia busca que se garantice la realización inmediata de las pruebas para determinar si una persona está infectada por la jefa cepa de coronavirus o descartar tal extremo, por lo cual se solicitó que las referidas evaluaciones sean hechas por otras instituciones dedicadas a prestar servicios de salud.
En la petición de Rodas, se señala que las pruebas también las pueden realizar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la red hospitalaria nacional y centros asistenciales privados.
También se señala que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) debe proveer los materiales para la realización de la prueba.
Podrán hacer pruebas
El Congreso de la República aprobó el pasado miércoles 25 de marzo que el IGSS y la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos (Usac) puedan realizar pruebas a personas con posibles síntomas de COVID-19, para determinar si están infectadas con la referida enfermedad.
Según el decreto que aprobó el Organismo Legislativo, el MSPAS tendrá la rectoría de las acciones contra la propagación de la nueva cepa de coronavirus en el país, por lo tanto la información que recopilen el Seguro Social y la Usac debe ser trasladada a la referida cartera.
Para eso se asignaron Q100 millones de la ampliación presupuestaria para contrarrestar los efectos del COVID-19 en el territorio nacional.