En la segunda ocasión que dirige la CC, Gloria Patricia Porras Escobar desarrollará su modelo de gestión que inició hace cinco años.
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¿Cuáles serán las prioridades cuando se esperan fallos en aspectos políticos, económicos y sociales?
Como tribunal permanente, no tenemos opción y no nos planteamos la posibilidad de dejar de prestar el servicio de justicia constitucional, debemos estar en disponibilidad todo el año. En 2015 impulsé el expediente electrónico, que en ese momento no tenía relevancia y hoy estamos viendo los frutos del esfuerzo. Lo primero es que los técnicos, letrados y personal administrativo y de secretarías van a seguir cumpliendo con sus funciones desde su casa, contamos con herramientas tecnológicas y se impulsarán capacitaciones durante este mes para cumplir con el trabajo, de tal manera seguir con el funcionamiento normal de la Corte. Otras instituciones están haciendo esfuerzos par hacer teletrabajo porque la coyuntura los llevó, pero la CC sí está preparada para hacer ese trabajo de manera eficiente y eficaz. El personal de la Corte tiene acceso al sistema y pueden ver desde allí el momento en que ingresa el expediente, todos los antecedentes, leyes y jurisprudencia de la CC y la internacional. En una plataforma exclusiva de la Corte podremos sesionar por videoconferencia y se acordaron dos formas de sesiones: Una es que los asuntos en los que los criterios ya están definidos los vamos a trabajar en línea para no exponernos, y la segunda es para asuntos que por naturaleza merezcan una amplia discusión y complejidad, por lo que nos reuniremos para atenderlos.
¿Cómo hacer que los fallos constitucionales estén en los plazos?
Desde 2015, aunque parezca repetitivo, me comprometí a diseñar un modelo de gestión en el que respetamos los plazos establecidos en la Ley de Amparo, pero la presidencia es solo de un año y no da tiempo. Ahora hay que mantener las herramientas y desarrollarlas. Mi enfoque principal es potencializar el expediente electrónico, pues todavía está la cultura de manejar el expediente físico, lo cual es un tema híbrido porque los letrados se apoyan en el documento, pero ahora que se fueron no se llevaron ningún expediente sino que lo consultan desde el sistema. Eso permite tener un control desde el momento en que ingresa el expediente, el oficial lo recibe y tiene tres días para trasladarme la primera resolución y así correr las audiencias en las 24 o 48 horas. En dos meses pondré la Corte al día y después de ese tiempo empezaré con los expedientes dentro de los plazos legales, en este proceso electrónico va a ser transparente porque vamos a evitar la discrecionalidad en los técnicos, letrados y magistrados para disponer en qué momento convoca a un asunto porque los expedientes van a seguir guiados electrónicamente y el sistema está diseñado para darnos alarmas cuando no pase el expediente en el plazo correspondiente.
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“El objetivo principal es seguir desarrollando el plan quinquenal porque en la séptima magistratura, por primera vez, se está trabajando en dicho plan”.
¿En cuánto tiempo se conocerá la resolución definitiva para elegir a los magistrados del Organismo Judicial?
No creo que supere el mes. Es uno de los temas que entendemos por ser un organismo del Estado. Hemos hecho esfuerzos porque han pasado cantidades de expedientes y son decisiones que hay que entender; hay un estándar de asuntos que se resuelven de manera rápida, pero hay cuestiones que son objeto de estudio.
¿Es necesario una revisión legal de prisión preventiva y al Sistema Penitenciario?
Daré una opinión no como presidenta de la CC, sino como abogada defensora pública retirada y exfiscal. Creo que el tema de prisión preventiva puede ser resuelta con otros mecanismos, con mucha creatividad que no necesariamente en este momento tiene que ver con reformas de carácter constitucional o legal. La Constitución establece en el artículo 19 que el objeto de prisión es la readaptación de las personas y para que sea enviado a la cárcel deben darse las condiciones específicas, como está establecido en el Código Procesal Penal.
¿Qué responde sobre los señalamientos de “comunista” y “ligada a políticos”?
No sé el concepto de las personas de lo que es ser comunista o de que es ser de izquierda. Honestamente, quienes me señalan de esos temas en algún momento deberán definir de qué están hablando porque proteger grupos vulnerables es la obligación no solo de Porras, sino de la Corte. No creo que mis decisiones tengan que ver con ese tipo de apreciaciones, salvo que conceptualizáramos de manera puntual. Siempre se habla de fallos, pero quisiera saber por qué se dice en abstracto; cuando no hay un argumento no hay un fundamento. Seguiré cumpliendo con mi función constitucional.
