Los ministerios de Desarrollo Social, Finanzas y Economía publicaron este viernes los reglamentos para la ejecución de diferentes programas con los que se busca beneficiar a la población afectada por el coronavirus.
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En estos se definen los procedimientos para la entrega del Bono Familia, la emisión de bonos del tesoro y el beneficio para la protección del empleo, que sería por Q75 diarios para quienes hayan sido suspendidos durante el estado de Calamidad Pública.
El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, explicó que cada uno de los programas establecidos por el Gobierno está creado con criterios de inclusión y exclusión para establecer segmentos poblacionales.
Aseguró que no se pretende que un solo proyecto logre dar cobertura al total de la población, por eso hay diez diferentes.
Bono Familia
De acuerdo el funcionario, el Bono Familia fue creado para apoyar económicamente a las familias afectadas por las medidas de prevención y contención durante la emergencia del coronavirus.
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Este beneficio consiste en un aporte de hasta Q1 mil por tres meses para 2 millones de hogares.
Para su ejecución se asignaron Q6 mil millones, que surgen del decreto 13-2020, aprobado por el Congreso y que dota de Q11 mil millardos al Gobierno.
El mecanismo de selección de hogares que podrán acceder al apoyo financiero toma como punto base a los que tienen consumo menor a 200 kWh, que es la tarifa social.
Se tomará en cuenta la factura del mes de febrero, pues se contempla que en los siguientes meses pudo incrementarse el consumo por el confinamiento, ya que las personas están más tiempo en casa.
Partiendo de ese universo, hay criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, la persona es pensionada o jubilada o recibe algún otro beneficio económico podría quedar fuera del padrón de beneficiarios.
En el punto de los que podrían ser incluidos a pesar de no estar en ese rango de consumo de energía eléctrica, estarían las que no cuentan con este servicio y residen en áreas gráficas vulnerables.
Para los casos en que las familias alquilen los inmuebles en donde residen, Romero indicó que se hará un cruce de información entre el contador y el número de DPI de quien vive en el lugar, pues la idea es ayudar al inquilino y no al propietario.
Casos especiales
El ministro de Desarrollo destacó que hasta un 10 por ciento de los 2 millones de hogares guatemaltecos que serían beneficiados pueden ser considerados como casos especiales.
En estos se incluiría los ya mencionados, en donde las personas no tienen energía eléctrica. De igual forma, se analizaría el beneficiar a quienes comparten contador, pero viven en un mismo inmueble.
También estarían las familias monoparentales o que tengan niños menores de cinco años o en estado de desnutrición, al igual que los hogares con adultos mayores.
“Es importante señalar que el decreto establece ese margen de poder incluir casos especiales, que es una preocupación manifestada por muchas personas”, resaltó Romero.
