Diputados de la comisión Específica de Protección Ciudadana y delegados de entidades del sector justicia se reunirán la otra semana para conocer la probabilidad de retomar la discusión de las reformas al Código Procesal Penal, que permitirían modificar la prisión preventiva.
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Se trata de la iniciativa 5564, que ya tiene una primera lectura, y que podría incluso conocerse de urgencia nacional, según explicó el parlamentario Armando Castillo, integrante de la junta directiva del Congreso.
Explicó que esta normativa permitiría que alrededor de 3 mil 500 privados libertad que corren riesgo de contagiarse de Covid-19 puedan beneficiarse del arresto domiciliario.
El encuentro será el martes a las 9:00 horas y participarán todos los sectores involucrados que firmaron la ley para ver si en función de la coyuntura de la pandemia se hace algún ajuste para impulsarla o replantearla.
Población en riesgo
Castillo argumentó que el tema se estaría retomando tomando en cuenta que los centros carcelarios podrían ser focos de contaminación y propagación del coronavirus.
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Señaló que entre esta población reclusa más vulnerable están los mayores de 65 años, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas o terminales.
A su criterio, en los centros de detención hay gran cantidad de personas que están en prisión preventiva a la que ni siquiera ha tenido una primera audiencia, algunos tienen ya dos o tres años en esa situación.
El director del Sistema Penitenciario, Luis Escobar, explicó la semana pasada que no se han presentado casos de Covid-19 en los centros carcelarios y que se implementó un protocolo sanitario para evitar y atender los posibles contagios.
