El Congreso de la República destituyó al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Carlos Narez, por considerar que no ejercía adecuadamente el cargo.
En la sesión plenaria realizada el pasado jueves, misma que se extendió hasta horas de la noche, se entró a conocer una propuesta presentada por legisladores que solicitaban su salida del cargo.
Argumentaron que Narez tenía una mala gestión al frente de la institución y no habría actuado a favor de los migrantes.
En ese sentido, se abrió una votación y 86 legisladores respaldaron el acuerdo número 13-2020, por medio del cual se establece su remoción inmediata.
Dos años en el cargo
Carlos Narez fue elegido como titular de Conamigua en marzo de 2018. En esa ocasión también se designó a Rita María Elizondo como subsecretaria.
Mientras estuvo en el cargo recibió críticas por parte de integrantes de la anterior legislatura y la actual, quienes señalaron falta de acciones a favor de los migrantes.
En septiembre de 2018 se realizó una citación con la bancada Encuentro por Guatemala, en donde se reveló que el Conamigua había ejecutado hasta entonces Q4 millones de los Q34 millones asignados para ese año.
Se indicó que del total erogado, el 76 por ciento se había destinado al pago de salarios.
También se dio a conocer que la nómina de personal contratado bajo el renglón 029 se incrementó y pasó de tener 17 a 21 empleados.
En ese sentido, la ahora exdiputada Nineth Montenegro consideró que el personal del Consejo no estaba calificado para la atención de temas migratorios.
Narez rechazó los señalamientos y aseguró que los trabajadores sí están calificados. Y en cuanto a la baja ejecución dijo que se dio por problemas con la Ley de Conamigua.
Compra de vehículo
El pasado 20 de abril, el diputado Aldo Dávila, de la bancada Winaq, hizo pública la información acerca de la adquisición de un vehículo nuevo para Conamigua y consideró que se trataba de una compra innecesaria en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.
“Existe una pésima ejecución presupuestaria y ninguna protección” para los migrantes, que ven sus derechos vulnerados, aseguró.
La Contraloría General de Cuentas le da seguimiento a la adquisición de este vehículo.