La polémica ley que busca garantizar la prestación de servicios de luz eléctrica, agua potable, internet y teléfono durante el estado de Calamidad por el coronavirus SARS-CoV-2 sigue causando divisiones, ya que ahora será la Comisión Permanente del Congreso la que ordene su publicación en el diario oficial.
Ayer venció el plazo para que el Ejecutivo cumpla con la sanción del conocido Decreto 15-2020, por lo que diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de Winaq se pronunciaron sobre la decisión del mandatario.
El jefe del bloque UNE, Carlos Barreda, instó al presidente del Legislativo, Allan Rodríguez, a publicar esa ley “que es en beneficio de la población”.
“Se vienen las semanas más duras, se necesita que la población se quede en casa, como lo ha dicho el presidente, pero hay que darle las condiciones para que se quede en su hogar. No solo la ayuda económica, sino este decreto, que pueda pagar después sin recargos ni intereses”, dijo.
De acuerdo con el legislador, el Congreso debe publicarlo en el diario oficial a más tardar el 21 de mayo.
Sonia Gutiérrez, jefa de la bancada Winaq, señaló que la no publicación del Ejecutivo demostró que “no está del lado del pueblo, en que no se les prohíba los servicios básicos y posibilidad de pagos diferidos, no regalados”.
Procedimiento legal
El artículo 179 de la Constitución establece que cuando Presidencia no cumpla con la publicación de la ley, el Congreso tiene tres días para aprobar su vigencia.
El tercer vicepresidente del Congreso, Armando Castillo, e integrante del grupo que propuso dicha ley, reconoció que esa normativa necesita cambios, pero el objetivo es proteger a la población de cortes de los servicios básicos y de recargos que los usuarios en “este momento no pueden pagar”.
Castillo explicó que esperan el informe del Ejecutivo, por lo que la Comisión Permanente deberá convocar a una sesión para que se envíe a publicar.
Algunos constitucionalistas consideran que dicha ley va en contra de la Constitución, que menciona sobre la libertad de empresa, por lo que se han presentado amparos en la Corte de Constitucionalidad para que no cobre vigencia, pero de acuerdo con Comunicación Social del máximo tribunal aún no hay fecha para la discusión de las acciones legales.
Directivos de compañías que prestan los servicios del suministro eléctrico, de telefonía y de cable se comprometieron ante el gobernante a ofrecer pagos diferidos de los meses que los clientes no puedan pagar.
Debate sobre sanción de la normativa
- A principios de abril, los diputados decidieron aprobar, después de varios intentos, una ley para ayudar a la población que tenga problemas económicos para pagar los servicios básicos.
- Sin embargo, el presidente Giammattei anunció después de varias semanas que vetaría dicha normativa por tener inconstitucionalidades, por lo que presentó una propuesta alternativa. No obstante, los diputados rechazaron el veto presidencial.