La Directiva del Congreso de la República, encabezada por Allan Rodríguez, presidente de ese organismo, presentó este domingo una denuncia ante el Ministerio Público (MP) en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), luego de que los togados conocieran un amparo a su favor.
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La queja fue remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
A juicio de Rodríguez, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad están cometiendo varios delitos.
"La resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad, el 27 de junio de 2020, dentro de los expedientes acumulados 2187-2020, 2189-2020 y 2190-2020, constituye una clara y grave afrenta al Estado de Derecho y a la institucionalidad, conteniendo manifiestas y evidentes violaciones a la Constitución de la República y a las leyes de Guatemala, vulnerando el artículo 153 de la Constitución Política", señaló la directiva por medio de un comunicado.
La Directiva del Congreso explica, además, que "se procedió a mantener bajo custodia el expediente en original del antejuicio, para los efectos legales correspondientes".
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"Solicitamos que el Ministerio Público cumpla con su función constitucional de velar por el estricto cumplimiento de las leyes en la República de Guatemala, actúe de conformidad con la ley y ante evidente comisión de hechos delictivos denunciados proceda con el planteamiento del antejuicio y al subsecuente persecución penal en contra de Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Amílcar Mejía Orellana", finaliza el texto.
Rechazan decisión
Ante lo actuado por los magistrados de la CC, varias entidades se pronunciaron y mostraron su postura al respecto.
Entre estas figura la Cámara del Agro, la cual destacó que "la imparcialidad es un estándar, no solo ético sino un aspecto esencial y obligatorio para todo juez o magistrado, incluidos los que integran el tribunal constitucional".
“Un juez o magistrado no puede conocer sobre un asunto donde tenga interés directo o donde él mismo sea el beneficiario de una resolución que suscribe”, mencionó la Camagro.
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), mencionó en un comunicado que lo emitido por los togados "muestra evidentes y graves violaciones al Estado de Derecho".
