El domingo pasado, el Gobierno decretó estado de Sitio en tres municipios de Izabal y dos de Alta Verapaz, y hasta este jueves, 23 de julio, ha convocado el Congreso para conocer dicha medida que fue declarada por el decreto gubernativo 13-2020.
Para contestar la pregunta lanzada en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas, moderado por los periodistas Marielos Fuentes y Luis Felipe Valenzuela, se contó con la participación de los abogados Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, y Roberto Villeda, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon).
Entrevista
- “¿Debería el Congreso ratificar el estado de Sitio, si o no?”
Esta fue la primera pregunta lanzada a los invitados. Ramón Cadena contestó:
“No debe de hacerlo y no puede hacerlo porque sería totalmente ilegal. Hay varios vacíos. La convocatoria tiene dos grandes errores, primero hablan de decreto, pero es acuerdo gubernativo. Y segundo, se debe convocar a una sesión extraordinaria pero con 24 horas de antelación.
Se debe comprender que estamos viviendo en un régimen autoritario, de un régimen autoritario, en un pacto de corruptos.”
A este respecto se había pronunciado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, diputado Orlando Blanco, quien indicó que había “retardo malicioso”.
Por su parte, Villeda respondió lo siguiente:
“Yo creo que el tema es más de fondo que de forma. La realidad que en estas regiones existe un moviiento orquestado por fuerzas oscuras que tienen el proposito de despojar a las personas de sus propiedades, destruir cultivos y demás, para dedicarse ala producción de coca para posteriormente vender cocaína procesada a cárteles mexicanos.
Entonces, en el fondo sí hay una necesidad nacional para restablecer el orden y la confianza en favor de la productividad y bienestar de la población en esas regiones del país, especialmente en el Polochic. El Congreso debería ampliarlo a otros lugares como Cobán, Chisec, Purulhá, etc.”
- “Tomando en cuenta lo que dijo el ministro Oliverio García Rodas de que Guatemala está siendo utilizado como un plan piloto para cultivar hoja de coca. ¿Cómo ve eso?”
Llamémoslo por su nombre, lo que pasa, y ese es el objetivo del estado de Sitio principal, es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y que además está bajo una sentencia y debería parar su trabajo y no lo ha hecho. Esa sí es una gran ilegalidad.
Esto requeriría una intervención del Ejecutivo pronta para parar ese trabajo, porque hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad y ese es el verdadero objetivo. Además, el Ejecutivo debe dar una amplia información de lo que está pasando.
Acabo de hablar con gente del Estor y están afectados por la presencia militar.
- “¿A qué se refriere con que están afectados?”
Están afectados porque se les está reprimiendo, el objetivo de este estado de Sitio no es controlar el crimen organizado. Jimmy Morales estableció uno similar el año pasado y no lo logró controlar nada, porque lo que quieren es controlar la oposición política de las comunidades que se oponen a la explotación del níquel de la zona porque daña el lago.
- “¿En qué se parece o en qué se diferencia este estado de Sitio al que impuso en su momento Jimmy Morales?”
Esta pregunta fue expuesta al abogado Villeda, a lo que este contestó:
Yo creo que el que decretó el presidente Morales fue a consecuencia de que las comunidades estaban bajo el crimen organizado. Cuando el Ejército hizo presencia en aquel mes fueron ajusticiados de una manera muy inhumana y eso obligó a que el Estado tuviera una reacción.
La salud social de estos municipios se ha visto seriamente afectada por el crimen organizado que está dedicándose a violar la ley.