El Congreso de la República dejó sin efecto este sábado el estado de sitio que el gobierno había declarado en cinco poblados del noreste del país para atacar, según afirmó, a grupos armados vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.
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Tras tres sesiones iniciadas el jueves, los diputados oficialistas no alcanzaron los votos necesarios para ratificar la orden del presidente Alejandro Giammattei, que impuso la medida hace una semana.
“En virtud de no contar con el quórum necesario para conocer el Decreto Gubernativo 13-2020 se levanta la sesión”, dijo Sofía Hernández, primera vicepresidenta del Parlamento.
El estado de sitio estaba siendo aplicado desde el domingo pasado en los municipios de El Estor, Morales, Livingston (departamento de Izabal), y Panzós y Santa Catarina La Tinta (departamento de Alta Verapaz), todos de población mayoritariamente indígena.
La medida restringía los derechos de libertad de movimientos, porte de armas y manifestación, entre otros.
Por 30 días
El gobierno lo había dispuesto, por una duración de 30 días, al considerar que en la región abarcada operan grupos armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico dirigidos por extranjeros y exmiembros de las guerrillas que combatieron al Ejército durante la guerra civil (1960-1996).
Activistas impugnaron la medida ante la máxima corte de justicia por estimar que sólo buscaba militarizar la zona y perseguir a los movimientos sociales que históricamente se han opuesto a diversos megaproyectos, principalmente mineros.
En junio la corte constitucional obligó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), actual subsidiaria de la suiza Solway Investment Group, a suspender operaciones al obviar la consulta obligatoria a los pueblos indígenas establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
