El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó sobre la fase de negociación con representantes del transporte público. Dicho servicio cubre las rutas del territorio mixqueño. Uno de los temas abordados fue la aplicación de una tarifa temporal para los pasajeros.
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Se trata de un precio que se mantendrá durante 2 meses. En este tiempo, esperan que el municipio de Mixco deje de estar en alerta roja por casos de Covid-19.
Los transportistas explicaron que el motivo del incremento se debe a la inversión de insumos como alcohol y gel para desinfectar las unidades de trasporte. Además, porque también utilizarán un termómetro para medir la temperatura de los usuarios.
Los transportistas iniciaron con la propuesta Q7. 00 para la tarifa del servicio Express y Q6. 00 para las unidades convencionales. No obstante, en la negociación se acordó que la tarifa sea de Q4.00 para unidades convencionales y Q5. 00 para el servicio Express.
*Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7
“Reactivación en incógnita”
Edgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios de Transporte Público, indicó el lunes que la reactivación del transporte público colectivo se presenta como “una verdadera incógnita”.
Principalmente por la falta de certeza del cumplimiento de las disposiciones gubernamentales y de sentido común por parte de los prestadores del servicio, pero también de las autoridades.
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“Se ha hecho énfasis en relación a los buses extraurbanos, urbanos departamentales y buses rojos principalmente, puesto que en estos existen menores controles y se convierten en un verdadero riesgo para todos”, indicó.
Por otra parte, Guerra indicó que luego de supervisar con algunas autoridades responsables para que se acaten las disposiciones gubernamentales, algunas sí están haciendo una labor efectiva, como el caso de las Policías Municipales de Tránsito de Villa Nueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán, STP, Provial y Dirección General de Transporte.
No obstante, también indicó que se ha observado el desacato de las disposiciones del Gobierno en algunos lugares, lo cual pone en alto riesgo a la población.
“El Estado guatemalteco deberá accionar para corregir estas situaciones irregulares”, finalizó.