Un comunicado de Juristas por Guatemala resalta que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.
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Este pronunciamiento de la organización surge luego de que el Ministerio Público (MP) presentara solicitudes de antejuicio contra seis miembros del máximo tribunal.
Los togados son señalados de los delitos de violación a la Constitución, resolución violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato.
Las denuncias en su contra fueron planteadas por diferentes personas y una fundación porque otorgaron un amparo que suspendió el trámite de antejuicio contra miembros de la CC, el cual fue promovido por un abogado y tramitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Planteamiento
En un comunicado este sábado, la organización Juristas por Guatemala manifestó su preocupación y citó el artículo 167 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para reiterar que no se puede perseguir a los magistrados por sus fallos.
Además, indicó que existen “abundantes” antecedentes y resoluciones en ese sentido.
Por ello, aseguró que la petición que planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos para que se les retire la inmunidad, contraviene las disposiciones legales y constitucionales vulnerando la función constitucionalmente asignada al MP.
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Crisis institucional
La entidad de juristas también se refirió al proceso de elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, que no se ha concluido y lleva meses de retraso.
Indicó que las múltiples acciones emprendidas para evitar la depuración y dilatarlo han generado una “crisis institucional sin precedentes en la era democrática del país”.
Finalmente, aseguró que Guatemala necesita que se nombren nuevos magistrados que cumplan con los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad.
Y que el proceso para ello se haga de forma pública y transparente para garantizar la independencia judicial y el acceso a la justicia para todos los habitantes del país.
