El Ministerio Público (MP) informó que abrió una investigación tras los incidentes ocurridos en horas de la madrugada de este domingo 16 de agosto en un sector del departamento de Alta Verapaz.
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“Se investigan los hechos ocurridos entre personas particulares en el caserío Balbatzul de la aldea Cubilgüitz, en el municipio de Cobán”, informó la entidad.
Organizaciones denunciaron que unas 40 familias fueron desalojadas por grupos violentos que incendiaron sus viviendas.
En ese sentido, la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz inició con las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.
El departamento de Comunicación del MP señaló que debido que la investigación se encuentra en curso no se pueden ampliar detalles.
Desalojo violento
El Comité de Unidad Campesina (CUC) emitió un comunicado en el que informó que entre horas de la noche del sábado y la madrugada de este domingo se produjo un desalojo violento.
Al menos 40 familias campesinas q’eqchi’s que estaban asentadas en la finca Cubilgüitz, en Cobán, fueron retiradas del lugar por parte de grupos armados que operan extrajudicialmente.
“Las personas fueron obligadas a salir de sus casas, sus pertenencias y viviendas fueron saqueadas y quemadas. En estos momentos se encuentran en la intemperie, huyendo de los agresores”, se lee en el documento.
La organización añadió que los afectados son extrabajadores de la finca y que fueron despedidos hace más de 15 años, pero no se les pagó sus prestaciones laborales.
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En ese sentido, como una forma de reclamar sus derechos, se asentaron en el lugar y plantearon la petición a los propietarios para que se les dé tierra y se cubra de esa manera la deuda.
De acuerdo con el CUC, el tema ha sido abordado también en mesas de diálogo organizadas por el Ministerio de Trabajo, pero no se ha encontrado solución hasta el momento.
Tras los incidentes, el comité solicitó la solidaridad con las familias desalojadas y la atención de los organismos nacionales e internacionales que velan por los derechos humanos.
Sobre esta situación también se pronunció la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej.
Indicó que lo ocurrido es un acto de “represión de terratenientes medievales y sus ilegales grupos armados en contra de comunidades q’eqchi’es”.
Mientras tanto, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la Universidad de San Carlos, Oliverio Castañeda de León, exigió justicia para las familias despojadas.
“Repudiamos los desalojos de grupos finqueros que licencia es el racismo y su accionar es a través de sicarios y grupos clandestinos armados”, manifestó.
