La Corte de Constitucionalidad (CC) sigue sin decidir sobre la suspensión de Neftaly Aldana en su función como magistrado titular.
En un comunicado se informó que los magistrados se han reunido vía electrónica en dos ocasiones, pero no alcanzaron acuerdos. El pleno acordó continuar con la discusión.
El 2 de octubre, la familia de Aldana envió una carta a la CC, en la que informaban sobre su proceso de recuperación tras padecer una crisis hipertensiva con evento cerebrovascular isquémico.
En esta indicaban su deseo porque el magistrado titular continuará en proceso de recuperación en observancia de las recomendaciones médicas. Por esa razón, solicitaron que conocieran y resolvieran la suspensión del magistrado.
En tanto, por los padecimientos de salud de Aldana, la CC se ha integrado con el magistrado suplente que corresponda. Esto está permitido en ley y ocurre cuando hay una ausencia del tribunal o vacancia temporal.
Empresarios urgen conocer solicitud
- La Cámara del Agro y el Cacif se pronunciaron ayer, por separado, sobre la suspensión del magistrado titular de la CC.
- Los empresarios organizados pidieron a la presidenta de la Corte, Gloria Porras, resolver la cesantía del magistrado Aldana.
Aumenta presión por cambios en la CC
El sistema de justicia se ha visto debilitado, según señalan abogados, y ahora se suma la desintegración de la CC pero el interés por ciertos grupos para conformarlo es muy variante.
Desde junio, los diputados tuvieron que nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones, pero algunos sectores prefieren no pronunciarse al respecto.
Mientras que las plazas vacantes en la CC, por el fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía y la petición de la familia del togado Aldana de declarar su cese, hizo que la Cámara del Agro y el Cacif pidan a la CC resolver dicha petición.
“No todos quieren elegir a magistrados -de la CSJ y de Salas de Apelaciones- porque están acostumbrados a que no los condenen, es un problema que a todos los ciudadanos les deber importar porque solo se utiliza para represión política”, dijo Marco Antonio Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).