La integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) es una discusión que ha aumentado en los últimos días, ya que algunos consideran que no está desintegrada, mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pide tener a sus representantes en ese órgano de justicia.
PUBLICIDAD
El magistrado Neftaly Aldana solicitó varias veces una licencia para ausentarse debido a problemas de salud, pero, a causa de las exhibiciones personales que autorizó la CSJ, su situación se complicó, ya que personas cercanas comentaron sentirse intimidados, por lo que solicitaron a la CC declarar vacante la plaza de Aldana.
De acuerdo con el vicepresidente, Guillermo Castillo, quien se desempeñó como magistrado de una Sala de Apelaciones, la Corte no está desintegrada, pues tiene a los magistrados suficientes que van a analizar su petición.
Aunque el funcionario resaltó que la situación de Aldana debe resolverse, por lo que no duda que los actuales magistrados lo atiendan en el marco de la ley.
También el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, comentó que las declaraciones del presidente Giammattei son inquietantes. Ya que había invocado la independencia de poderes, pero con su intervención, por dos días seguidos, se convierte en un factor más de presión contra los magistrados de la CC, que son los únicos facultados por la Constitución para su integración.
El máximo tribunal se conforma por cinco magistrados titulares y cinco suplentes por el Colegio de Abogados y Notarios y la Universidad de San Carlos de Guatemala. También uno de cada organismo del Estado, pero en el último mes debido a que uno falleció y otro presenta problemas de salud algunos sectores se pronuncian.
Ayer, por tercer día consecutivo, los tres magistrados titulares y dos suplentes no lograron finalizar la petición de la familia de Neftaly Aldana de declarar vacante el puesto, por lo que se tiene contemplado que continúe hoy.
PUBLICIDAD
Directiva del Congreso se pronuncia
El nuevo actor que se sumó a declarar vacante la magistratura de Aldana fue la junta directiva del Congreso, cuyos representantes en la Corte están completos, pero llama la atención que desde junio se niegan a priorizar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones.
Varios bloques legislativos han propuesto que en una de las dos sesiones se discuta el nombramiento de las autoridades del Organismo Judicial.
Mientras que la presidenta interina de la CSJ, Silvia Valdés, consideró que la CC está desintegrada y pidió que se designen a sus dos representantes en ese organismo.
Sin embargo, desde hace dos años los magistrados de la CSJ no se habían interesado en designar a su suplente debido a que María Consuelo Porras Argueta fue elegida como fiscal general del Ministerio Público, pero el nombramiento de Conrado Reyes fue anulado por señalamientos.
“El vicepresidente puede tener su opinión, yo tengo la mía, pero yo sé que estamos viviendo una crisis institucional y la tenemos que superar. La mejor manera es declarar la cesantía del magistrado Aldana”, señaló el presidente, Alejandro Giammattei.
“Aliados atentan contra el orden constitucional”, análisis de Movimiento ProJusticia
La Corte de Constitucionalidad afronta una crisis política, sin duda la más severa y relevante, como consecuencia de que su integración ha quedado precaria, aunque la participación efectiva de tres magistrados titulares y cuatro suplentes no supone una desintegración. Por lo que la magistrada Dina Ochoa, vinculada a grupos políticos implicados en procesos de cooptación de la justicia, encabeza acciones y estrategias que conducen al incumplimiento de sus deberes, por lo que con aliados atentan contra el orden constitucional. Al promover la cesantía apresurada están paralizando la justicia.