La exvicepresidenta Roxana Baldetti cerró un capítulo de su historia ante la justicia guatemalteca durante la madrugada del 9 de octubre de 2018.
En esa ocasión ella y otras nueve personas escucharon al Tribunal de Mayor Riesgo C cuando estableció su culpa por varios delitos, los cuales fueron conocidos en la investigación del Ministerio Público (MP) que contiene el caso que se denominó “Amatitlán”.
Dos años han pasado desde que se conoció ese primer fallo judicial en contra de la primera mujer que llegó a ocupar uno de los cargos más importantes en el gobierno del país.
La sentencia contra Baldetti fue de 15 años con 6 meses de prisión inconmutable por asociación ilícita –8 años–, fraude –5 años–y tráfico de influencias –2 años con 6 meses–.
Ahora debe resolverse la siguiente fase del proceso, que consiste en las impugnaciones para determinar si el fallo causa firmeza o si se modifica.
Y con eso se cierra el último capítulo de la historia de Baldetti por ese caso.
La exvicemandataria también es acusada por otros casos de corrupción gubernamental.
También puedes leer: Imponen cárcel de 30 años a hombre que mató a su novia
Roxana Baldetti
Puede decirse que la vida pública de Baldetti inició durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, entre enero de 1991 y mayo de 1993.
En esa época ella trabajaba en el área de comunicación del gobierno. Cuando el entonces dignatario decidió asumir el poder total, Baldetti dirigió las acciones de censura a los medios de comunicación.
La intención era evitar que en los periódicos, noticieros y noticiarios se divulgara información relacionada con las acciones de Serrano Elías.
Posteriormente, junto al general Otto Pérez Molina, también procesado por corrupción, fundaron el Partido Patriota (PP), ahora desaparecido.
Ambos fueron diputados al Congreso de la República y después, en 2011, fueron proclamados como binomio presidencial para las elecciones de ese año.
El 14 de enero de 2012, Pérez Molina fue investido como presidente de la República; y Baldetti, como vicegobernante.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) la involucró en la investigación del caso “La Línea”.
El caso se hizo público en abril de 2015, y fue en mayo de ese año cuando la vicemandataria renunció a su cargo.
Tres meses después, el 21 de agosto, fue aprehendida por la fuerza pública y conducida a la cárcel ubicada en la Base Militar Matamoros, en la zona 1 de la capital, en donde permanecería hasta que el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le indicara por qué se ordenó su captura.
También puedes leer: Ochoa: Magistrado Neftaly Aldana Herrera no tiene cobertura del IGSS