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Nicaragua aprueba polémica “ley mordaza”; castigará con cárcel por difundir “noticias falsas”

La controvertida ley plantea castigar con cárcel la propagación de “noticias falsas” que el gobierno considere produzcan alarma, temor, zozobra en la población.

El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes una ley de ciberdelitos, conocida como “ley mordaza”, que permite al gobierno del presidente Daniel Ortega castigar con cárcel a las personas y entidades que este considere difundan “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.

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La cuestionada iniciativa fue aprobada con 70 votos a favor, todos de diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda), y 16 en contra, de la oposición liberal.

Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, dijo en el debate el diputado oficialista, Emilio López.

Según los sandinistas, con esta ley se inhibirá a las personas de “provocar, incentivar, motivar o calumniar a través de las redes sociales porque cometen delito, que están tipificados en el Código Penal”.

El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión.

Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.

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Por otro lado, las publicaciones que “inciten al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.

“Clima de represión”

La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales que estallaron en 2018, y que dejaron decenas de detenidos.

La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.

*Con información de AFP

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