La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) impugnó una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la cual se benefició al diputado José Inés Castillo.
El órgano encargado de la persecución penal solicitó el retiro de la inmunidad de funcionario al congresista, para profundizar en la investigación en su contra por un caso de corrupción.
De acuerdo con la petición, el legislador es sospechoso de haber participado de acciones ilícitas que se consignan en el caso que se denominó como “Asalto al Ministerio de Salud”.
Pero por su calidad de diputado, la Constitución Política de la República establece que ninguna autoridad podría realizar investigaciones en su contra sin que este haya sido sometido a un proceso de antejuicio y que se hubiese determinado la suspensión de ese derecho para continuar con las pesquisas.
La FECI señala a Castillo por el delito de tráfico de influencias, pues según las pesquisas preliminares:
Habría integrado una organización criminal que encabezó el exministro de Salud, Jorge Villavicencio, fallecido a causa del COVID-19.
La organización se benefició de forma ilegal con comisiones de dinero, a cambio de proyectos de construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
Otros hechos en los cuales habría estado involucrada la estructura fue la compra de bienes y la contratación de servicios.
Además, el otorgamiento de plazas laborales en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
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Diputado conoce presupuesto 2021
Castillo fue electo como diputado para la legislatura 2020-2024, es integrante de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Además, forma parte de la Comisión de Finanzas Pública y Moneda del Congreso de la República, la cual analiza el proyecto de presupuesto 2021, en el cual se contemplan beneficios para el Organismo Legislativo.
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