El acceso a la información pública es un derecho que cada vez más los ciudadanos utilizan para fiscalizar el uso de los recursos públicos y actividades gubernamentales, pero reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública impulsadas por un diputado, son consideradas por algunos sectores de riesgo.
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De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) la propuesta de ley representaría un “grave retroceso” al derecho de acceso a la información pública.
La Ley de Acceso a la Información Pública se aprobó en 2008. Y es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) la que debe velar por que se cumpla la entrega de información.
El análisis de Icefi señala que la propuesta de ley, presentada la semana pasada. Tergiversa la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su guía de implementación. Reconocida por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También en la propuesta se invoca el estándar de la OEA, pero la sugerencia del congresista incluye disposiciones legales para crear una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública. Que de lograrse violentaría las características básicas del órgano independiente y técnico que recomienda la OEA.
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Los riesgos
“Contrario a lo recomendado por la OEA. La discusión de esta propuesta legislativa no fue pública, abierta e incluyente, y con ello marginó puntos de vista sobre la convivencia y alcance de una reforma a la Ley que es esencial para garantizar transparencia y auditoria social”, resaltó el Icefi.
También el centro de análisis considera que la oficina propuesta por el diputado vulneraría la captura con fines políticos la información. Pues las autoridades de la oficina serán nominados por la comisión legislativa de Transparencia y Probida, en la cual no hay representación de todas las bancadas.
Nick Whittingham, embajador de Reino Unido, reconoció el trabajo de la PDH en el acceso a la información pública. Y recordó estar comprometido con defender la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
El ponente de la iniciativa de ley es José Alejandro De León Maldonado, del partido Podemos que anteriormente fue el Movimiento Reformador. Vinculado con Alejandro Sinibaldi y que ha apoyado propuestas para remover al actual procurador.