Miles de guatemaltecos salieron salieron a la calle el fin de semana para pedir la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, a quien acusan de descuidar la lucha contra la pobreza y de desatender sectores como la salud y la educación.
A pesar del tono pacífico de la mayoría de protestas, un grupo de unos cien manifestantes quemó parte del edifico del Congreso el sábado.
A continuación algunas claves para entender cómo se origina y hacia dónde van estas manifestaciones.
1.- Un país con más de la mitad de la población pobre
Las protestas surgieron porque varios sectores de la población de Guatemala consideraron que el presupuesto aprobado para 2021 no prioriza el combate de la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales.
El presupuesto, redactado por el Ejecutivo y que alcanza una cifra récord de 12.8000 millones de dólares, fue aprobado por el Congreso, mayoritariamente oficialista.
Las críticas se centraban en que el aumento del gasto público se centraba en el desarrollo de infraestructura, para beneficio de las constructoras, mientras dejaba de lado el combate de la pobreza, así como la educación y la salud, cuando la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país.
Expertos señalan que el estallido responde al cansancio de la población ante un “sistema estructural de corrupción”, como dijo a la AFP Carmen Aída Ibarra, directora de la organización Pro Justicia, y la poca transparencia en el manejo de la pandemia.
Guatemala también fue golpeado recientemente por los ciclones Eta e Iota. Muchas comunidades siguen incomunicadas por deslaves y la destrucción de puentes y carreteras.
2.- Acusaciones de corrupción
“En el presupuesto no se priorizó el combate a la pobreza, educación, salud ni el combate a la desnutrición infantil (que afecta a casi el 50% de los niños menores de cinco años) y sí a ministerios señalados de corrupción como el de Comunicaciones”, lamentó Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
A ello se suma la opacidad en el manejo de los recursos destinados a la pandemia, así como el rechazo a la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al presidente Giammattei.
El Congreso aprobó préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.
“No se ataca ese gran sistema de corrupción”, reclamó Ibarra, quien recordó que solo hubo avances en ese campo cuando funcionó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU que operó de 2007 a 2019.
3.- No es la primera vez para un presidente
El trabajo conjunto de la Fiscalía con la Cicig destapó en 2015 un caso de fraude aduanero que provocó la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez, y su vicepresidenta, Roxana Baldetti (2012-2015), ambos en prisión y a la espera de un juicio.
El propio Giammattei estuvo más de 10 meses en la cárcel en 2010 tras ser acusado de la ejecución de siete reos en una prisión en 2006, cuando era director del sistema penitenciario. Quedó en libertad luego de que la fiscalía no pudiera comprobar su participación en el caso.
4. ¿Hacia dónde va esta crisis?
Las protestas en Guatemala se suceden luego de una reciente crisis política en Perú, que comenzó con la destitución de un presidente, la renuncia de otro cinco días después y el nombramiento de un tercero, en medio de manifestaciones.
Chile también ha sido escenario de manifestaciones en demanda de reformas para reducir la desigualdad.
Giammattei ha dicho que invocará la Carta Democrática Interamericana ante lo que considera una amenaza a su “legítimo ejercicio de poder”.
El polítólogo Renzo Rosal dijo al diario La Hora que esta figura no es aplicable en esta situación porque todo marcha dentro de los cauces de la Constitución guatemalteca, que establece “desde la manifestación pacífica, el uso del recurso de la protesta, incluido el llamado a la renuncia del presidente Giammattei”.
Para Cux, las protestas muestran un debilitamiento del gobierno. Ibarra, por su parte, considera que éstas afectan a la administración de Giammattei, pero su gobierno “no está cayendo”.
Pese a los llamados al diálogo que realiza el presidente, Ibarra cree que éste no deja “el tono de conflictividad que ha mantenido desde el inicio de su mandato”, el pasado 14 de enero.