El primer proyecto por medio de la alianza público-privada, que será la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, que tendría un costo por uso de Q15 estaría a cargo de Convía.
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Están listos para empezar la construcción
A un año de que se intentó desaprobar el primero proyecto con modalidad de alianza público-privada, los representantes del Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), que presentó la mayor oferta, se mostraron optimistas de que los diputados cumplirán con la resolución de la Corte de Constitucionalidad y discutirán en tercer debate la iniciativa de ley. De lograr el aval, la constructora indicó que empezará dos meses después de la aprobación en el Congreso.
Promueven mejorar la logística del país
Sandro Testelli, representante de Convía, indicó que el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal tendrá un costo de Q960 millones, el cual se enfoca en la reactivación de la economía. De acuerdo con el ejecutivo, la realización del tramo carretero es elevarlo a una autopista para mejorar la logística y que el traslado de mercadería sea más rápido debido a que es una de las rutas más importantes en el país.
Reactivar la economía con infraestructura
La constructora espera que en caso de que se apruebe el contrato de alianza público-privada, que sería de 25 años de la carretera, se reactivará la economía, ya que generará empleo local. La construcción durará alrededor de tres años.
Multa en caso de revertir el proceso
Una de las cláusulas en el proceso de la licitación de la alianza público-privada establece que en caso de que los diputados no aprueben el proyecto el Estado tendría que pagar una multa de alrededor de Q35 millones. Por lo que Convía espera que desde el consejo de la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), a cargo del ministro de Finanzas, se realicen los acercamientos con los diputados para su discusión en el pleno.
Posible multas para diputados y directiva
René Muñoz, directivo de Convía, comentó que el Congreso solicitó una ampliación en el máximo tribunal sobre la resolución el pasado 4 de noviembre, hoy vence el plazo para que la directiva y jefes de bloque coloquen en agenda del día o discutan el proyecto de ley, ya que de no cumplirlo cada jefe de bloque y los nueve integrantes de la directiva deberán pagar una multa de Q2 mil cada uno. La multa total sería de Q56 mil.
