A pesar de que en cada campaña electoral los políticos ofrecen mayor seguridad, el tema sigue siendo una deuda a la gente.
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El CIEN presentó un estudio sobre las extorsiones, que perjudican a la mayoría de la población.
En dicho informe se mencionó que las residencias son las más acechadas para pagar esa cuota a cambio de no sufrir un ataque, es decir que 40 mil 398 hogares han pagado algún monto solicitado de manera ilegal.
También los comercios se ven afectados por ese problema. En tercer lugar está el transporte y el resto es otro tipo de actividades.
Walter Menchú, analista del CIEN, comentó que hizo un historial sobre las extorsiones, las cuales se empezaron a denunciar en 2001, pero desde 2016 se observa que las denuncias son notorias y en aumento.
El registro reflejó que en 2008 se recibieron dos mil 196 y el año pasado esa cifra fue de 14 mil 714.
Asimismo, Menchú indicó que ese delito es cometido por dos grupos, uno que son las pandillas y el otro por imitadores, por lo que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han tenido que mejorar sus acciones para combatir el problema.
Menchú resaltó que uno de cada siete presos son por extorsiones, es decir que de los 25 mil 900 presos, el 15 por ciento está señalado por ese delito, lo que equivale a tres mil 800 personas.
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“Entre 2010 y 2019, el número de privados de libertad por extorsión se multiplicó por cinco”, indicó Menchú.
Trabajo y prioridad
En la presentación de los resultados del informe participó la fiscal contra las extorsiones, Emma Flores, quien motivó a denunciar esos actos.
Aunque reconoció que en los departamentos del occidente del país opera un grupo del crimen organizado para exigir dinero.
Flores indicó que se ha fortalecido el trabajo del personal en las investigaciones, pero el desafío sigue siendo generar confianza en la población para que presente las denuncias.
No obstante, la especialista en el Sistema Penitenciario Corinne Dedik indicó que el 90% de extorsiones denunciadas proviene de un centro de detención, por lo cual es urgente que las autoridades de Gobernación fortalezcan la DGSP.
“No hay voluntad para enfocarse en el Sistema Penitenciario, ya que por complejos y riesgo se evidencia la voluntad política”, agregó Dedik.
Otro de los aspectos que afecta en el Sistema Penitenciario es la frecuencia de rotación en sus autoridades y la falta de planificación.
