El personal de la cárcel ubicada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital, será sometido a una investigación administrativa.
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Así lo infirmó el director del Sistema Penitenciario (SP), Luis Escobar, quien afirmó que la orden se derivó de los beneficios que en esa prisión se otorgaron al empresario Gustavo Alejos, exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros.
El funcionario dio a conocer que las acciones de carácter administrativo se realizarán en contra de:
- Guardias penitenciarios.
- Encargados del centro penal.
El pasado viernes 20 de noviembre, se difundió información relacionada a los beneficios que se habrían otorgado al recluso.
De esa cuenta, se dio a conocer que el empresario utilizaba la oficina del alcaide de esa prisión.
Consta en un documento oficial que el espacio físico fue dado a Alejos para que pudiera atender a sus visitas con privacidad, derivado de los derechos que tienen los internos de las prisiones.
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Posteriormente, a requerimiento del Ministerio Público (MP) se indicó que la oficina únicamente era usada por el procesado cuando sus abogados defensores necesitaban conversar en persona con él.
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Alejos tendría apoyo de personal de varias instituciones
El miércoles 25 de noviembre último se informó que el juez tercero penal, Mynor Moto, requirió información de un caso en reserva al Juzgado de Mayor Riesgo B.
Se trata del expediente conocido como “Comisiones paralelas 2020”, en el cual figura como sindicado el empresario.
Este trata de que la jueza Erika Aifán sea retirada del proceso.
Moto aceptó un recurso de discrepancia del abogado Denis Herrera Arita, con el cual busca tener copia del expediente.
El profesional del derecho también ha manifestado que se considera como interesado en el caso, debido a que el órgano encargado de la persecución penal mencionó su nombre entre el grupo de personas que tuvieron contacto con Alejos en la supuesta negociación de la elección de candidatos a magistrados del Organismo Judicial (OJ).
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