Al menos 19 organizaciones sociales y estudiantiles de Guatemala y Honduras hicieron un llamado ciudadano para la defensa de la democracia y plantearon tres peticiones puntuales a las autoridades.
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Asimismo, se pronunciaron en contra de la corrupción e impunidad en ambos países, que consideraron comparten los mismos retos de gobernabilidad democrática y desarrollo humano.
Por medio de un comunicado emitido de forma conjunta, las agrupaciones detallaron que el 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del Covid-19.
Consideraron que esa emergencia puso de relieve las profundas desigualdades de los sistemas de salud, y que, además, evidenció las regresiones de los sistemas democráticos de la región.
Y expusieron que en ese contexto era imperativo contar con liderazgos políticos abiertos a una amplia participación ciudadana en la toma de decisiones dirigidas a la adopción de medidas para diseñar políticas sostenibles y progresivas.
Sin embargo, expusieron que el autoritarismo y la concentración de poderes produjeron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la salud, educación, trabajo, libertad de expresión y la vida.
Pronunciamientos
Las organizaciones guatemaltecas y hondureñas se manifestaron con relación a tres puntos específicos:
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- El combate frontal a la corrupción como eje transversal para la construcción de un país que funcione para todas las personas, donde los derechos no sean privilegios.
- En Guatemala y Honduras se dio la aprobación de presupuesto nacionales en beneficio de los mismos grupos de siempre: políticos, económicos y militares.
- Denunciar el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales pacíficas y el intento de criminalización de estas muestras de rechazo social a las políticas estatales.
Asimismo, plantearon tres demandas a las autoridades de ambos países:
- Apertura de espacios de todos los sectores de la sociedad organizada en la toma de decisiones legislativas y ejecutivas, destinadas a la reparación de comunidades damnificadas por los huracanes Eta e Iota y afectadas por la pandemia, también de cara a los presupuestos 2021.
- El respeto a los derechos humanos y constitucionales a la libertad de expresión y la protesta social.
- Investigación y persecución penal de los funcionarios involucrados en actos de corrupción y en episodios de represión militar y policial.
