La titular de la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Zulma Calderón, indicó que la oficina que dirige detectó que el transporte público podría ser un foco de contagio de COVID-19.
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De acuerdo con la funcionaria, no todas las empresas dedicadas al transporte de personas cumplen a cabalidad los protocolos de seguridad para evitar la propagación del nuevo coronavirus.
Calderón agregó que también se necesita de una campaña de información que aborde el tema de la gestión de riesgo y los mecanismos para evitar el contagio.
La defensora se pronunció así ante los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en donde se desarrolló una citación a funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con la reunión, se buscaba conocer cuáles son los avances del Estado en la obtención de la vacuna para contrarrestar el desarrollo del COVID-19.
La viceministra de Salud, Lucrecia Ramírez, explicó que se espera que el primer lote de dosis ingrese al país durante la tercera semana de febrero.
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Además, explicó que el Estado tiene la capacidad de adquirir 206 millones de vacunas.
El presidente del IGSS, Carlos Contreras, afirmó que la entidad que encabeza también ha tenido acercamiento con farmacéuticas productoras del medicamento, y destacó que este producto puede ser adquirido por medio del gobierno.
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Seguridad en el transporte
El transporte público es un servicio que mantiene restricciones de operación por la pandemia del COVID-19.
La forma en la cual se presta el servicio corresponde al tipo de alerta de cada municipio en el sistema de semáforo, según las medidas gubernativas vigentes.
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