Alrededor de 15 familias acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores este miércoles para entregar muestras de ADN que permitan identificar si sus parientes se encuentran entre las 19 víctimas de una masacre registrada en Tamaulipas, México.
Por segundo día, las personas llegaron a la cancillería para aportar la información necesaria que contribuya a conocer si se tratan de sus parientes, aunque oficialmente se ha informado que el proceso de identificación está en desarrollo.
Varios de sus testimonios es que sus allegados migraron hacia Estados Unidos, vía México, y tuvieron contacto por última vez cuando se encontraban en tránsito por el estado de Tamaulipas, lugar donde autoridades mexicanas reportaron el hallazgo de los cuerpos.
Busca a su hijo
Un padre que acudió a la cancillería relató que su familia se encuentra en la búsqueda de su hijo de 16 años, quien partió del país el 3 de enero, y con quien sostuvieron comunicación por última vez el pasado viernes.
Las autoridades de cancillería indicaron este lunes que se activaron protocolos de atención y están coordinados con las autoridades mexicanas para conocer el origen e identidad de los fallecidos. Pero por lo pronto, informaron ese día a los familiares “que las autoridades mexicanas han manifestado que se encuentran en la fase de peritaje e identificación, por lo que de momento no es posible confirmar la identidad de los fallecidos”.
Agente federales localizaron 19 cuerpos calcinados en vehículos el pasado 25 de enero, en un camino rural de Santa Anita, un poblado del estado mexicano de Tamaulipas.
Masacre recuerda a otra de 2010
El caso hizo memoria a la masacre de San Fernando en la que 72 migrantes de distintas nacionales, incluyendo guatemaltecos, fueron asesinados, siendo considerada una de las mayores matanzas registradas en la historia reciente de México.
En agosto de 2010 fueron asesinados 58 hombres y 14 mujeres en el municipio de San Fernando, ubicado también Tamaulipas.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó este martes ambos casos y afirmó que el Estado tiene “la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias”.