La justicia guatemalteca falló a favor del exdiputado Pedro Muadi, quien ocupó el cargo de presidente del Congreso de la República entre 2013 y 2014.
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En ese sentido, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal determinó reducir la pena de prisión que le había sido impuesta por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal.
La referida judicatura estimó en marzo de 2020 que el excongresista había sido responsable de tres delitos por los cuales fue investigado.
De esa cuenta se impuso una pena de 30 años de prisión inconmutable.
El Tribunal estimó que Muadi debía ir a la cárcel por los delitos de:
- Peculado por sustracción.
- Lavado de dinaro.
- Asociación ilícita.
Sin embargo, Mudi impugnó la resolución por considerar que se habían valorado hechos que no cometió.
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De acuerdo con el sentenciado, el Ministerio Público (MP) no pudo probar su responsabilidad por dos delitos.
Según el análisis de Sala, el expresidente del Congreso tenía la razón. Por eso se decidió anular la condena que se le impuso por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Con eso le fueron restados 22 años a la sanción.
En ese sentido, se modificó la sentencia y por eso solo deberá cumplir una pena de cárcel de 8 años.
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Caso “Plazas fantasma”: Pedro Muadi
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) investigó varios hechos de corrupción en el Congreso de la República.
Entre las acciones por medio de las cuales se desviaron los recursos públicos asignados al Organismo Legislativo figuró el caso “Plazas fantasma”.
Dicha investigación abarcó las gestiones de varias juntas directivas del Congreso, las cuales fueron encabezadas por:
- Luis Rabbé.
- Arístides Crespo.
- Pedro Muadi.
Según los señalamientos, durante la gestión de Muadi fueron contratadas 28 personas que no cumplieron sus actividades laborales en el Congreso.
Por el pago de los salarios correspondientes, el Legislativo erogó varios millones de quetzales.
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