El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó durante el programa A Primera Hora, cuál será la vía legal con la impugnarán la resolución que benefició a 52 acusados en el caso “Fénix”.
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Este miércoles, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló el proceso penal a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), con lo cual los acusados fueron desvinculados de los cargos.
El caso Fénix vincula a empresas, exfuncionarios y personas particulares como Gustavo Herrera, con la sustracción de Q350 millones de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en 2003, refirió el fiscal.
A decir de Sandoval, el caso Fénix no es “ninguna novedad”, sino más bien “un ejemplo de cómo opera la impunidad en el país”.
“En este caso hay situaciones tan particulares como que en su momento se dictó el auto de sobreseimiento en favor de una persona que ni siquiera había sido vinculada a proceso. Hasta esos niveles se ha generado impunidad en este caso”, explicó.
Impugnarán fallo
Ante el fallo, Sandoval dijo que presentarán una casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Con esta acción dijo que esperan que la Cámara Penal advierta “sobre aspectos que investiga la fiscalía y otras explícitas en el expediente del caso Fénix”.
“Nos llama mucho la atención que en la misma fecha 21 de diciembre del 2020, se integró la Sala Segunda de Mayor Riesgo y emitió resoluciones de casos que gestiona la Fiscalía. Uno es el caso de Óscar Armando Escribá Morales, donde la ya la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia solvento la situación”, añadió.
Sandoval dijo, con relación al fallo, que la única vinculación es que fueron mismos registrados suplentes los que firmaron la resolución.
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“La metodología que están utilizando es recusar a los magistrados titulares y que están integrando la sala, como en este caso. Uno de los integrantes fue un magistrado que integró la Sala del Ramo Civil que anteayer decretó un amparo provisional que motivó una juramentación en el Congreso de la República”, advirtió.
“Estamos verificando esa situación, de cómo este mismo magistrado integra Salas Penales, Civiles, o sea integra todas las Salas, donde existen casos que gestiona la fiscalía (FECI)”, afirmó el fiscal.
Uno de los aspectos que abordó la FECI, y en su momento la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), afirmó Sandoval, es que las condenas que hubo hace unos años únicamente se relacionaron con funcionarios públicos que participaron en la extracción de los recursos. Sin embargo, en ningún momento hubo persecución por la actividades de lavado de dinero u otros activos.
“Este dinero al ser extraído posteriormente se operó un mecanismo donde se colocaron los registros y se cerró el circulo completo de lavado de dinero que nunca fue objeto de persecución y eso es lo que explica por qué hay tantas personas involucradas en un caso de lavado de dinero”, detalló.
Antecedentes del caso Fénix
El fiscal expuso que la investigación por el caso por lavado de dinero inició entre los años 2005 y 2006, cuando la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una denuncia. No obstante, según el fiscal, después bajo el supuesto argumento de que los hechos ya habían sido investigados el caso se desestimó.
Según Sandoval, cuando conocieron el caso, la fiscalía determinó que existían hechos por los que nunca se ejercito la persecución penal.
Otro aspecto que llama su atención, es que la supuesta cuestión prejudicial según ellos se dio de la siguiente manera: se sustrajeron los recursos y luego llegaron a convenios para devolver parte de los recursos sustraídos.
“Aquí lo que quisieron hacer ver que como devolvió una parte, ya no existía el delito. Se llegó a arreglos donde también hubo involucramiento de funcionarios públicos que permitieron que prácticamente el caso estuviera en impunidad por mucho tiempo”, afirmó.
