Al cumplirse 41 años del asalto y quema de la embajada de España en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se pronunció reivindicando los derechos a la verdad, justicia y reparación.
El organismo citó al relator especial, Fabián Salvioli, quien presentó un informe sobre los procesos de memoria en el contexto de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Conmemoran a las víctimas
El incidente ocurrió el jueves 31 de enero de 1980, cuando un grupo de campesinos del Comité de Unidad Campesina (CUC) ingresó a la embajada de España. La Policía Nacional se hizo presente y varios agentes ingresaron a la sede diplomática. Los testigos escucharon disparos y vieron desde fuera el humo.
El incendio dejó 37 personas fallecidas, entre ellas Vicente Menchú, padre de la líder indígena y premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta Menchú. La quema está escrita en la historia de tiempo de la dictadura del gobierno del general Fernando Romeo Lucas García.
Como cada año, las víctimas fueron recordadas. Ofrendas florales, mensajes y ceremonias se llevan a cabo en memoria de los fallecidos.
Entre las víctimas mortales de la quema de la embajada de España también se encuentran el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes, quienes visitaba la sede consular.
La sentencia de García
Pasado 35 años de la quema de la embajada de España, la justicia guatemalteca emitió una condena. Pedro García, exjefe de un comando de la extinta Policía Nacional (PN), fue condenado a 90 años de prisión al ser hallado culpable de la masacre. El sentencia se dictó el 19 de enero de 2015.
Para ese momento, el expresidente Lucas García y el exjefe de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, otros de los implicados, ya habían fallecidos. Mientras que Donado Álvarez Ruiz, quien fue ministro de Gobernación en esa época, sigue impune y es prófugo de la justicia.