La prohibición del transfuguismo en el Congreso fue un logro de las manifestaciones de 2015.
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Sin embargo, los magistrados del ente electoral buscan revertir esa acción. En las reformas que enviaron ayer al Congreso se regula el transfuguismo y no se aplicará para los congresistas cuando las organizaciones políticas por las que fueron electos sean canceladas por el TSE, sean expulsados del partido, por división o suspensión.
“En 2016 se introdujo el transfuguismo para proteger a los partidos políticos al impedir la migración constante de diputados. No obstante, existen circunstancias en que una persona deja de pertenecer a una agrupación política no por abandono. Sino simplemente a dejado de existir o ha sido expulsada de la misma, u otra situación especial”, mencionó la propuesta electoral.
Rechazan propuesta
Algunos de los diputados que no comparten la propuesta de los magistrados del TSE son Mario Taracena de la UNE e impulsar de no permitir el transfuguismo y Samuel Pérez del Movimiento Semilla.
Taracena calificó de irresponsables a los magistrados y de un acto politiquero, por lo que muestran para quienes trabajan.
A la vez, el expresidente del Congreso recordó que la Corte de Constitucionalidad resolvió que el tema no va, por lo que la actitud de los magistrados y diputados están retando “para que muchos vuelvan a la Plaza”.
Pérez mencionó que la decisión de los funcionarios del órgano electoral refleja el mandato que llevan desde que fueron electos, que responden a las lógicas del pacto oficialista.
“Como no pudieron avanzar en las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, lo ponen en la Ley Electoral, que es más compleja por ser de rango constitucional. El verdadero peligro está en la ley del Congreso y debido a que no hay identidad política es una traición a la democracia”, agregó Pérez.
El diputado de Semilla reconoció que el malestar de la población puede volver a las movilizaciones, pues no responde a las necesidades del país.
Otras propuestas
- Entre la propuesta de cambio el TSE también se elimina la preparación y capacitación de afiliados. Con el financiamiento que reciben del Estado y se elimina la definición de financista.
- Además, propone reducir las sanciones de US$500 a US$250 mil hasta doscientos salarios mínimos vigentes.
- Se mantiene la prohibición que ningún medio de comunicación podrá publicar estudios de opinión del día de las votaciones.
