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Presidencia: "El Gobierno es respetuoso del debido proceso"

La Secretaria de Comunicación de la Presidencia se pronunció tras la denuncia presentada por el Ministerio de Salud sobre la adquisición de pruebas falsas de Covid-19.

Prueba de Covid-19 Prueba de Covid-19

Tras la denuncia interpuesta por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con respecto a la compra de pruebas falsas de Covid-19 para tres hospitales, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, emitió un pronunciamiento.

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El Ministerio Público (MP) dio a conocer que la Fiscalía contra la Corrupción ya se encuentra en las investigaciones correspondientes ante la denuncia presentada por el MSPAS.

“Gobierno respetuoso”

Letona también aseguró que el “Gobierno es respetuoso del debido proceso en el que se incluya la presunción de inocencia y el derecho legítimo de defensa”, indicó en primera instancia la funcionaria pública.

Asimismo, aseguró que si existen indicios de la comisión de algún delito, es obligación de todo funcionario presentar la denuncia penal correspondiente, sustentando la acusación con la evidencia debida.

“Esta obligación cobra mayor relevancia al tratarse de un asunto relacionado a la salud de los guatemaltecos en donde las autoridades respectivas deben hacer efectivo el compromiso de velar por los debidos procesos administrativos para garantizar la calidad del gasto y el fortalecimiento del sistema de salud”, añadió.

También comentó que el proceso ya está en manos de las autoridades y se debe observar lo establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal.

Investigan

Por su parte, durante una entrevista en el programa Hora 15, el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, señaló que se agilizan pesquisas por la compra de las 30 mil pruebas falsas para el coronavirus, las cuales fueron valoradas en 7.3 millones de quetzales.

Añadió que la denuncia presentada por el Ministerio de Salud es extensa y que debe profundizarse para conocer si existe contubernio con funcionarios o empleados públicos y contratistas.

“Justamente porque la denuncia es grave, la investigación debe hacerse con prontitud y responsabilidad”, aseveró el fiscal.

* Con información de Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

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