Incrementos en el pasaje e incumplimiento con el aforo establecido para la prevención y control del Covid-19, están entre los principales hallazgos durante las inspecciones en el transporte colectivo.
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Así lo confirmaron en una entrevista Byron Acevedo, jefe de la Dirección General de Transporte (DGT) y Edgar Guerra, Defensor del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
“Hemos determinado que las tarifas han incrementado su precio hasta en un 200% en algunos casos. Es por ello, que nosotros estamos intensificando los operativos para que se cumplan con las tarifas que están estipuladas”, afirmó Acevedo.
El funcionario indicó que la DGT es la única que puede emitir autorizaciones para prestar el servicio extraurbano de transporte de pasajeros. En los operativos verifican que las unidades cuenten con la documentación autorizada, seguro obligatorio vigente, registro actualizado de piloto y tarjeta de operaciones.
Pero no todos cumplen, solo hoy en la ruta de Antigua Guatemala, Acevedo dijo que se supervisaron unas 30 unidades y dos de estas transportaban personal de manera ilegal.
Aumento en medio de la pandemia
El defensor del usuario, Edgar Guerra, indicó que “es un panorama tan lamentable” debido a que en el contexto de la pandemia hay guatemaltecos que han perdido sus empleos tanto el sector formal como informal, cuando las “oportunidades de hacer negocios es a todas luces muy obvio”.
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“Es un impacto muy lamentable en la economía familiar”, resaltó Guerra.
Guerra detalló que la tarifa del pasaje para Amatitlán debería ser de Q4.75 y se está cobrando Q10; en el caso de Villa Nueva mencionó que son dos tarifas, una que de Q4 que pasó a ser de Q8, y otra que de Q4.50, que ahora se cobra a Q10.
Debido a esto, Guerra indicó que se llevó a cabo operativos en Villa Nueva y se sancionaron autobuses que no tenían autorizado operar y recibieron una multa de Q30 mil. En otro caso, se impuso una sanción de Q200 mil por el incremento de la tarifa y no respetar el aforo.
“Eso es lo que hay que hacer, sentar precedentes para que los otros transportistas sepan que hay una ley y que la autoridad está haciendo lo que corresponde para regular la situación”, afirmó.
Acevedo añadió que otros ejemplos se dan en otros recorridos, como de los Dolores para el Obelisco con tarifa de Q11.63, pero con un cobro de Q15 a Q18. También a los pocitos con tarifa de Q12.85, pero cobro a Q14.
“El cobro sí ha sido desmedido”, según Acevedo, quien añadió que tanto la población y pilotos han relajado las medidas. Por eso razón, dijo que se han intensificado los operativos, aunando esfuerzos con varias instituciones para pasar de 6 a 15 operativos diarios.
Demandan incrementar vigilancia
Según Guerra es urgente multiplicar esas supervisiones. Especificó que actualmente circulan más de 24 mil buses autorizados y otros 25 mil buses y microbuses de manera ilegal, pero no hay más de 22 inspectores de la DGT. “Para casi 50 mil autobuses, 19 personas creo que no alcanzará nunca”.
Guerra indicó que varias de las recomendaciones de la PDH es que debe haber un fortalecimiento institucional y más cooperación entre otras instituciones que están involucradas en temas del transporte público. En ese sentido, indicó que hay cerca de tres mil agentes de la Policía Municipal de Tránsito, 250 brigadas de Provial y cerca de 200 agentes de la Policía Nacional Civil del departamento de Tránsito.
Podrían sumarse y hacer algo más visible, indicó. Otra de las sugerencias, según Guerra, es que se cancele o suspenda la licencia de operación de transportistas que afectan a la población aumentando la tarifa o que no respetan el aforo.
Piden no relajar medidas de prevención
Al principio cuando se hicieron los ensayos se vio que todo iba bien, pero sucedió el mayor temor que se tenía, que los transportistas iban más por la obtención de la máxima ganancia y paulatinamente iban a dejar de lado la seguridad el usuario, que es la razón de ser del transporte público”.
Acevedo indicó que cuando un bus está sobrecargado, se sanciona, se baja a los usuarios y se coordina su traslado con otra unidad. “Es un tema molesto para el usuario que se muestra poco conforme debido a que tienen que llegar a sus lugares de origen, de trabajo y no ven con agrado que tengan que ser bajados de la unidad y transportados en otra”.
Indicó que están emitiendo sanciones a quienes no cumplan con las medidas y es un proceso diario. “Es tema de colaboración porque el tema de la seguridad es de todos”, sugirió.
El transporte pirata es el que menos cumple con las regulaciones para prevenir los contagios de la Covid-19.
Al respecto, Guerra indicó que la falta de atención que ha tenido el estado de Guatemala al no ver la situación en carreteras en los últimos meses, ha tenido mucho que ver, en su opinión, con el incremento de contagios.
“Hay algunos transportistas que han indicado que han sostenido el negocio, gracias a la sobrecarga de autobuses tanto antes como durante la pandemia, sobre todo en horas pico. Entre las rutas afectadas mencionó la de Chimaltenango, San Martín Jilotepeque y Amatitlán”, manifestó.
