El debilitamiento de las instituciones públicas es un factor que inciden en el Índice de Desarrollo Sostenible, por lo que el país se ubicó en la posición 73 de 94 naciones evaluadas.
De acuerdo con Fundesa, en dicho indicador se evalúan 41 divisiones, como democracia, percepción de corrupción, transformación y Estados frágiles, que tiene que ver con las instituciones gubernamentales.
Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, comentó que en dicho indicador Guatemala obtuvo 37.2 puntos, cifra que ha venido en descenso.
Las principales causas se deben a que la percepción de corrupción ha aumentado, así como el respeto a la democracia y a la propiedad. Rubros que han descendido en el transcurso de los años.
Otros de los rubros que evalúa el índice son la reducción de vulnerabilidades, que, aunque en los últimos años se estancó, ha reflejado una disminución. Y la creación de oportunidades, que se debe a que las personas siempre buscan opciones para sobresalir.
Benavides explicó que las razones de tener baja calificación es porque el Estado no atiende las demandas de la población, así como la poca participación política y el pago de favores derivado de las campañas políticas y la deficiencia en el servicio civil, como la ausencia de continuidad de proyectos.
Guatemala se ubica en la posición 16 de los 18 países de Latinoamérica en fortalecimiento de las entidades públicas.
El investigador resaltó que desde 2009 en el país no se presenta una ruta clara para mejorar las condiciones de los ciudadanos. Los resultados reflejan que no se ha sido exitoso en lo que se ha trabajado.
Empezar con cambios en instituciones
Para mejorar en los indicadores, Benavides indicó que se debe empezar a trabajar de inmediato, ya que los resultados pueden llevar hasta cuatro gobiernos (16 años) para ir subiendo en los ránquines.
Fundesa consideró que donde hay más oportunidades para reflejar un avance es en infraestructura, como es la construcción de carreteras, el mejoramiento de aeropuertos y la habilitación de aeródromos.
Tampoco se debe olvidar el aspecto político, que abarca a las instituciones y tiene que ver con reformas a la Ley de Servicio Civil.
Durante ese año, las proyecciones eran alentadoras para un crecimiento económico, pero por la pandemia todo cambió.