La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) solicitó al Organismo Judicial (OJ) que un caso de supuesta ejecución extrajudicial sea conocido en un juzgado de alto impacto.
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Se trata de las investigaciones desarrolladas por la muerte del reo Hugo Humberto Ruiz Fuentes, uno de los 19 que lograron fugarse de la cárcel de máxima seguridad denominada El Infiernito, en Escuintla, en 2005.
La petición fue hecha a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con la legislación correspondiente, la unidad encargada de las pesquisas pide a la máxima autoridad del MP que se requiera que un caso específico sea conocido por un juzgado de Mayor Riesgo.
Después de su análisis, y si la solicitud es aprobada, se dirige una nota desde el despacho superior de la Fiscalía para que se traslade a la Cámara Penal la petición correspondiente.
Los magistrados resolverán el requerimiento el próximo viernes 28 de mayo, en una audiencia pública.
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MP señala ejecución extrajudicial
Ruiz Fuentes evadió la seguridad de presidios el 22 de octubre de 2005. Este se encontraba en la cárcel mientras se ejecutaba la pena de muerte a la que fue sentenciado por el secuestro de un niño en agosto de 1997.
Tres semanas después de la fuga, la Policía Nacional Civil (PNC) lo localizó en un sector de la colonia El Milagro, en la zona 2 de Mixco.
De allí el reo recapturado fue trasladado a un área en Barberena, en Santa Rosa, en donde fue ultimado a balazos.
De acuerdo con las investigaciones, se simuló que este se enfrentó a las fuerzas de seguridad con un arma de fuego.
Se estableció que la pistola que fue reportada como utilizada por Ruiz Fuentes pertenecía a un elemento de la PNC identificado como Evin Rolando Choto Casimir, y que el arma fue reportada como desaparecida varios días antes de que se reportara el enfrentamiento con el reo.
El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), al cual determinó que hubo violaciones a garantías procesales que permitieron que Ruiz Fuentes fuera condenado a muerte, además que este fue sometido a tortura y que el Estado era responsable de ejecución extrajudicial.
De esa cuenta, se ordenó al Estado resarcir a la familia del reo ultimado.
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