Estados Unidos y organizaciones sociales de Guatemala alertaron este martes de un debilitamiento en la independencia judicial del país centroamericano, luego de que el Congreso excluyó de la juramentación para la Corte de Constitucionalidad (CC) a una jueza reconocida por su lucha contra la corrupción.
El Congreso unicameral, controlado por el partido oficial y sus aliados, juramentó este martes a los magistrados de la CC para el periodo 2021-2026, pero dejó fuera a la jueza Gloria Porras, designada por segundo período consecutivo en el asiento que le corresponde a la estatal Universidad de San Carlos.
Según el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, antes de la juramentación fueron notificados de una impugnación pendiente de resolver contra el proceso para designar a Porras, lo que impidió que asuma el cargo en la CC, máxima instancia judicial de Guatemala.
“Preocupación”
“Nos preocupa profundamente la maniobra de hoy [martes] para retrasar la juramentación de un magistrado electo a la Corte de Constitucionalidad”, dijo en Twitter Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Esto debilita el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con abordar la corrupción sistemática”, agregó la alta funcionaria estadounidense.
Porras fue reelecta para integrar la Octava Magistratura de la CC y es reconocida por haber revertido controversiales medidas de gobierno, principalmente durante la presidencia de Jimmy Morales (2016-2020), que grupos sociales consideraban como un retroceso en el combate a la corrupción y que detonaron en protestas callejeras.
Entre las decisiones avaladas por Porras está dejar sin efecto la orden de Morales del cierre anticipado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que apoyó a la Fiscalía a enjuiciar a políticos, militares y empresarios que eran considerados intocables.
Finalmente Morales le negó a la Cicig una ampliación de su mandato, a lo que el actual mandatario Alejandro Giammattei no se opuso.
“El Gobierno de Giammattei y el Congreso pretenden tener una Corte de Constitucionalidad que proteja sus intereses corruptos y termine de destruir la débil institucionalidad democrática del país”, señaló por su lado el colectivo Alianza por las Reformas.
Además, señaló que la acción contra Porras es “una represalia porque ha demostrado independencia en sus resoluciones y ha defendido la lucha contra la corrupción”.
En tanto, la Convergencia por los Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional “estar atenta a este proceso de ilegalidades que atentan contra el Estado de Derecho vigente y constituyen una muestra clara del grave retroceso democrático y de derechos humanos que sufre la población guatemalteca”.