Las autoridades buscan detener a un exviceministro de Salud y a otras cuatro implicados por la supuesta compra sobrevalorada de batas por más de Q1.3 millones.
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La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) reveló que se trata del caso denominado Corrupción en Época de Pandemia.
Los agentes fiscales con apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo ocho allanamientos sin que, por lo pronto, se confirme alguna detención. El operativo consiste también en la inspección, registro y secuestro de evidencias.
Los señalados son Héctor Giovanni Marroquín Barrios, exviceministro Administrativo Financiero del MSPAS; Edwin Romeo Sican, Jefe del Departamento Administrativo; Brenda Marisol Luch Escobar, Jefa de la Subdirección de Enfermería del Hospital Temporal del Parque de La Industria.
Además, también tienen órdenes de captura César Jiovany Guzmán Camas, Propietario y Representante Legal De Importadora y Exportadora Mckd y Hernan Villela Javier, Representante Legal de la entidad mercantil denominada Grupo Roja, S.A..
Contraloría denuncia al Ministerio de Salud
En mayo de años pasado, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó dos denuncia en el MP por irregularidades en compras de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria COVID-19.
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En esa ocasión, uno de los auditores indicó que una de las denuncias presentadas en contra de la cartera de Salud se debía a la compra de 20 mil batas. La compra fue de Q75 la unidad, una cifra superior al comparar que el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva las compró a Q32.
Además, los auditores encontraron una factura que fue emitida por esta compra, la cual tenía una fecha anterior a que se hizo la recepción de ofertas para adquirir dichas batas.
Los auditores establecieron que por más de un mes, las batas permanecieron almacenadas en una empresa constructora. También señalaron que una de las facturas guarda un registro que podría demostrar inconsistencias en los tiempos en que se recibió la mercancías.
Asimismo, la Contraloría denunció irregularidades en compras de insumos médicos para atender la emergencia sanitaria COVID-19.
Por ese caso, el señalamiento es de una posible alteración en las cantidades de los insumos a comprar, las cuales se aumentaban significativamente.
Otra investigación
La Fiscalía Contra la Corrupción también tiene a su cargo la investigación por un contrato de pruebas falsas para detectar el Covid-19.
El Estado pagó más de Q7 millones por 30 mil test que resultaron alterados, según denunció el mismo ministerio.
