El Ministerio Público a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos solicitó este miércoles el retiro de antejuicio contra tres funcionarios, entre ellos el diputado Aldo Dávila.
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La fiscalía informó en un comunicado que accionó tras recibir una denuncia contra el congresista el pasado 4 de septiembre de 2020, en la que se señala a Dávila por agresión física y verbal a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) durante una manifestación frente al Congreso de la República.
“La conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión del delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público”, indica el documento.
El pronunciamiento de la fiscalía, que no maneja como presuntos hechos, añade que el congresista “haciendo uso abusivo de las atribuciones públicas” empujó y profirió palabras de discriminación en contra de un agente de la PNC.
Antejuicio contra Morales y jueza
La fiscalía de sección de Asuntos Administrativos requirió además el retiro de antejuicio contra la jueza Virginia Amparo de León Lara.
En este caso señalan que la jueza podría haber incurrido en el delito de resoluciones violatorias a la constitución. Se informó que la jueza accedió y otorgó un amparo provisional a particulares para que se ordenara a una división policial distinta que se encargara de darles medidas de protección.
Las personas que presentaron el amparo que fue resuelto por de León Lara, solicitaron que se les otorgara armas de alto alcance, chalecos y carné y el cambio de división de los agentes.
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“Otorgó amparo provisional, sin tener a la vista y requerir un análisis de riesgo, beneficiando sin razón alguna a los amparistas”, describe el comunicado oficial del MP.
Además, la Fiscalía contra la Corrupción presentó la solicitud de antejuicio contra Jimmy Morales, expresidente de la nación y ahora diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Según la fiscalía, Morales pudo haber realizado actos arbitrarios e ilegales al declarar non grato al Iván Velásquez Gómez, el 27 de agosto de 2017.