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Empresarios piden vetar las reformas a la Ley de Contrataciones

El Congreso de la República emitió el decreto legislativo 4-2021, el cual se establecen reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) pidieron al presidente, Alejandro Giammattei, vetar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado.

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Así se manifestaron ambas asociaciones empresariales por medio de un comunicado de prensa, el cual fue difundido a través de las redes sociales.

Esa normativa fue modificada por el Congreso de la República, al aprobar el decreto legislativo 4-2021.

Según el documento:

“El decreto –legislativo– 4-2021, que contiene reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, constituye un retroceso en materia de transparencia”.

De esa cuenta, se requirió al mandatario:

“…vetar el decreto –legislativo– 4-2021, conforme a los establecido en el artículo 178 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Según el análisis de la CCG y de Camagro, la normativa señalada:

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  • Elimina controles en los procesos de adquisiciones.
  • Eleva los montos para compras directas.
  • Genera incentivos para la discrecionalidad y corrupción.

Además, se afirmó que la petición que fue hecha al dignatario tiene como objetivo el:

“…resguardo de los recursos provenientes de los impuestos de los guatemaltecos”.

También se destacó que el contenido de las referidas reformas impacta de manera negativa contra las acciones y objetivos que fueron anunciados por el jefe del Organismo Ejecutivo para fortalecer:

  • La transparencia.
  • La rendición de cuentas.
  • La mejora de la calidad del gasto público.

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Piden abordar reformas de manera técnica

En el comunicado emitido por la CCG y Camagro se agregó una petición al Ejecutivo y al Legislativo para que se aborden las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado de manera técnica.

Se señaló que el análisis que se realice debe tener relación con la eficiencia, transparencia y calidad del gasto público.

Finalmente, se indicó que un estudio de ese tipo debe incluir una revisión del presupuesto y cambios en la Ley de Servicio Civil.

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