Las preocupaciones por las resoluciones de la mayoría de los magistrados del tribunal constitucional aumentaron en los últimos días.
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Al conocerse la decisión de la CC que permite los cambios a la Ley de ONG, la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chung, y el congresista Albio Sires se pronunciaron preocupados.
Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus decidieron rechazar los amparos que detenían la publicación de las reformas a esa normativa. Y que permiten perseguir penalmente a los directivos de las ONG que fomenten el desorden público.
“La sociedad civil y las ONG son socios importantes para abordar los desafíos de la desigualdad. El Estado de derecho, la inseguridad, los abusos de los derechos humanos y la pobreza. Su plena participación es necesaria para seguir construyendo un futuro democrático y próspero para Guatemala”, resaltó Chung.
Mientras que el congresista Sires mencionó estar preocupado “profundamente” por la decisión de permitir que entre en vigencia una ley que permite disolver arbitrariamente las ONG. Y recordó que el año pasado la CC bloqueó esas reformas, pero señaló que “el pacto de corruptos instaló ilegalmente a sus aliados en la cancha”.
Sires agregó que la administración de Biden busca evaluar qué tipo de socio tiene en el gobierno de Guatemala, pero lo que observan no es alentador. A la vez, pidió que el presidente, Alejandro Giammattei, envíe un mensaje contundente que defienda la justicia y las libertades civiles, no la impunidad ni la captura de las élites.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, defendió las reformas que se podrán publicar después de más de un año de su aprobación.
De acuerdo con el congresista, hay organizaciones que reciben fondos, pero que no se destinan para lo que fueron creadas. Sino que pagan para manifestar, lo cual ya no estará permitido.
Varias ONG indicaron que la nueva ley amenaza los derechos como el de asociación, que está garantizado en la Constitución. Así como la libertad de acción y la participación ciudadana.
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Beneficio a empresario con resolución
En el caso de financiamiento electoral no registrado, que fue modificado por los diputados, también por mayoría de magistrados declararon con lugar parcialmente el recurso que presentó el empresario Mario Leal Pivaral. Acusado por el Ministerio Público (MP) de no haber declarado financiamiento en la campaña electoral de 2015.
Leal Pivaral participó en la contienda por la vicepresidencia del país con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
En dicha resolución puede tener una repercusión en la acusación contra Sandra Torres, ya que también enfrenta proceso por ese delito.
La divulgación de información pública de la máxima corte cambió en la nueva magistratura, ya que ahora solo se informan escuetamente las decisiones de los magistrados.
En el caso de financiamiento electoral no registrado por Leal, se indicó que fue por unanimidad, con voto concurrente de Francisco de Mata Vela.
“Entre sus primeras acciones, la CC legitimó las reformas a la Ley de ONG que restringen los derechos. Es una medida para castigar a las organizaciones que han denunciado la corrupción”, Impunity Watch
Cuestionada elección
- La designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad fue cuestionada.
- Organizaciones civiles señalaron opacidad en la elección de Dina Ochoa Escribá por el Congreso. De Roberto Molina Barreto por la Corte Suprema de Justicia, por su vínculo con el partido político Valor. Y Leyla Lemus por el Ejecutivo, en la que el vicepresidente Castillo recomendó hacer una convocatoria.
- La CC aún no está integrada por todos sus magistrados por impugnaciones.
