Un recurso que deberá ser resuelto por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) busca anular el acuerdo con el que se creó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para que de esa manera dejé de operar e investigar como parte del Ministerio Público.
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Sobre el tema el jefe de esa sección, Juan Francisco Sandoval, respondió a una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Otto Gómez, quien fue auxiliado por Leonel Enrique Castañeda Tejada. En su planteamiento el convenio no tiene validez, tras la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la declaratoria del non grato.
No obstante, juristas consideran que no tiene asidero legal. Para Sandoval depende del criterio de quien interpuso la acción, amplió detalles de la misma e indicó deben analizar los posibles escenarios, incluyendo qué pasaría con los casos a cargo de la FECI.
Abogado pidió investigar a la fiscal
Sandoval dijo que toma la acción “como un planteamiento más realizado por actores adversos al trabajo de la fiscalía”, pero hay aspectos que llaman su atención.
Por ejemplo, que uno de los que interpuso la acción acudió a la fiscalía hace unos meses a denunciar a la Fiscal General Consuelo Porras. “Buscó la fiscalía como un medio para posiblemente investigar a la fiscal general y al no obtener la respuesta que, entiendo, hubiera deseado, su inconformidad la manifiesta mediante la acción de inconstitucionalidad”.
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“Se constituyó hace unas semanas como abogado defensor en uno de los casos que se gestionan el la fiscalía y que están próximos a iniciar debate oral y público. El único propósito para constituirse como abogado defensor fue pedir que me aparte del caso. Denota de alguna manera mala fe procesal”, describió Sandoval.
“Un abogado que con su actuación que da motivo para recusar un juez o pedir que se aparte un fiscal, al contrario, tiene prohibido intervenir en un proceso”, añadió.
El abogado, en su momento indicó una serie de inconformidades por otras denuncias interpuestas en el Ministerio Público. De acuerdo con Sandoval se tienen conocimiento que fue víctima de un atentado y, entre las personas a las que señalaba, se encontraba la Fiscal General.
“En alguna oportunidad a mí me denunció porque estaba insatisfecho con una resolución de índole administrativa que fue emitida en el tiempo en que fungí como fiscal regional. Es el mecanismo que ha utilizado”, afirmó Sandoval.
Sobre la impugnación y los argumentos
“Entiendo que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales hará el análisis respecto al planteamiento”.
La copia de la acción de inconstitucionalidad describe que está conformada por 664 folios con distintos planteamientos. Otras normas fueron impugnadas como el decreto 35-2007 el cual perdió su vigencia cuando concluyó el mandato de la CICIG. “Todos esos aspectos serán analizados de forma técnica para conocer el trasfondo”.
De acuerdo a Sandoval, la fiscal se rigió por la Ley Orgánica del MP que establece la facultad para crear o suprimir fiscalías, concepto bajo el cual fue creada la sección que dirige.
“La Corte de Constitucionalidad en un primer momento pudiera inclusive decidir la suspensión provisional del acuerdo de creación de la fiscalía, eso sí sería una afectación inmediata, si llegan a advertir que existe evidentemente los vicios que se señalan”, describió.
En ese escenario, los casos de la FECI “deberíamos analizar cada caso concreto, en el momento en que se diera. De lo que yo he podido analizar no advierto donde pudiera existir la inconstitucionalidad, pero es un derecho que asiste. La expectativa que tenemos es la posición que asuma la CC cuando entre a analizarlo”.
