Cuatro jueces de casos de alto riesgo denunciaron este lunes ser víctimas de hostigamiento por denuncias ilegítimas, seguimientos y persecuciones fuera y dentro de instituciones estatales.
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Al respecto, la juez de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, indicó en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, que junto a los jueces Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez y Pablo Xitumul, acudieron a la sede del Ministerio Público para exponer sus argumentos.
“Reconocemos el derecho de las personas de presentar las denuncias que estimen pertinentes sean fundadas o no, es un derecho hacer las peticiones. Pero frente a ese derecho de las personas, también existe un derecho de debido proceso para nosotros los jueces”, aseguró Aifán, quien se ha enfrentado a al menos 70 querellas durante su ejercicio como jueza.
“Nosotros estamos pidiéndole en este momento a la fiscal que las desestime, que las archive por las siguientes razones: el artículo 310 del Código Procesal Penal establece un plazo de 20 días para que el Ministerio Público pueda determinar si puede proceder con la investigación penal o no”, explicó.
A casi una década
De acuerdo a la jueza, se han interpuesto solicitudes de retiro de antejuicio para investigarla, pero los procesos siguen abiertos casi una década después. Además del tiempo, se requiere información importante y la falta de certeza en la investigación les ha hecho plantear la duda.
“Si después de nueve años no han tenido los medios suficientes para fundamentar una petición de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, no entendemos porque en estos momentos sí lo tendría. Por eso estamos pidiendo que se desestimen, ahora bien, si la fiscal estima que no es la vía, lo que debe hacer es presentar los antejuicios”, afirmó.
“En algunas de estas denuncias lo que se pide es información de nuestros esquemas de seguridad y otros datos de índole personal, que pueden significar un peligro para nuestra vida e integridad física. Por eso estamos pidiéndole a la señora fiscal que cierre estos expedientes”, continúo Aifán.
Aifán habló acerca de una denuncia que la fiscal Cinthya Monterroso presentó en su contra ante la Junta de Disciplina Judicial y al Ministerio Público, simultáneamente.
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La supervisión en tribunales y órganos disciplinarios determinaron que actuó en el marco de sus funciones, sin que haya falta o delito a perseguir, y aunque el MP ya recibió el informe han transcurrido dos años y no han dado respuesta.
Jueces denuncian seguimientos
En caso contrario, cuando los jueces han planteado denuncias, estas si han sido desestimadas con prontitud sin hacer ningún tipo de investigación.
“Por ejemplo he denunciado la persecución de vehículos sin placas y fue desestimado bajo el argumento de que no podían continuar con la investigación penal, porque no se puede identificar o individualizar el vehículo porque no tiene placas”, describió Aifán.
La juez recordó que ha denunciado la sustracción, desaparición y filtración de documentos y hasta el momento no hay una investigación. “Vemos se lleva una diferente atención de las denuncias que presentamos, de las que denuncian en nuestra contra”.
Los esquemas de seguridad de jueces es información restringida, pero debido a los procesos abiertos se pide información relacionada. “Ese tipo de información no les va a servir para resolver una denuncia en mi contra”, afirmó.
“Por la protección al cargo, no declaramos como un ciudadano sino a través de informes. Cuando nos está pidiendo informe el Ministerio Público nos está pidiendo que nosotros declaremos dentro de procesos penales. Desde mi punto de vista, eso constituye ya un acto de persecución penal contra jueces y magistrados”, concluyó.
Para este espacio de entrevista se solicitó audiencia con el Ministerio Público o uno de sus representantes, pero no atendieron la comunicación.
No obstante, este lunes, el departamento de Comunicación del Ministerio Público confirmó que los jueces hicieron entrega de un oficio dirigido al despacho de la Fiscal General, Consuelo Porras.
“Se estará realizando el análisis respectivo en cada fiscalía para determinar lo procedente conforme a la ley. El Ministerio Público siempre actúa con imparcialidad, objetividad y con apego al principio de legalidad”, respaldó la fiscalía.
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