La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, ante el Ministerio Público (MP).
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De acuerdo con la información que difundió el ente fiscalizador, la funcionaria habría incurrido en tres acciones que se consideran como irregulares.
En ese sentido se solicitó al órgano encargado de la persecución penal que profundice en los hechos para establecer si existe una acción ilícita por la cual Flores deba responder ante la justicia guatemalteca.
Todo tiene relación con la compra que hizo el Estado de Guatemala de dosis de la vacuna Sputnik-V a Rusia.
Los hechos que la CGC hizo del conocimiento de la Fiscalía son:
- “No garantizar o asegurar que el contrato va a tener los efecto establecidos, no se tiene conocimiento de que garantías hay”.
- “La ministra se excusa de no dar información del contrato por haber suscrito un convenio de confidencialidad, el cual que no ha presentado”.
- “El aspecto de firmar un contrato cuando le compete a otro ministro representar al Estado y en temas de suscripción de documentos entre Estados”.
La denuncia fue planteada después del análisis que efectuaron los auditores gubernamentales al proceso de adquisición de las vacunas rusas.
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Según la CGC:
“–Se– estima que hay una tergiversación de términos con la parte con la que supuestamente se suscribió el contrato y del cual no se ha presentado copia al equipo de auditores”.
En ese sentido, la entidad que cumple las funciones de auditor solicitó que Flores sea investigada por:
- Abuso de autoridad.
- Incumplimiento de deberes.
- Peculado por sustracción.
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Flores se apega a la confidencialidad
La titular de la cartera Sanitaria ha evadido en varias oportunidades dar información acerca de la compra del medicamento ruso para inmunizar contra los efectos del nuevo coronavirus.
La última ocasión en la cual a la funcionaria se le requirieron detalles al respecto fue el pasado martes 29 de junio, cuando junto con el canciller, Pedro Brolo, acudieron a una citación con la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República.
Flores destacó que según el contrato todas las acciones eran secretas, incluyendo las reuniones que habían sido sostenidas entre las partes que participaron en el negocio.
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