La Corte de Constitucionalidad (CC) requirió a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, un informe en el cual se detalle cuáles son los casos que se conocen en el despacho que dirige.
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Así se señaló en una solicitud que le hizo el tribunal constitucional, por el trámite de una acción legal que la juzgadora planteó en contra de una petición de antejuicio presentada en su contra.
La denuncia contra la jueza fue presentada por el Instituto de Magistrados de Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), derivado de las diligencias que ella ordenó en contra de magistrados de apelaciones en el caso que se denomina como “Comisiones paralelas 2020”.
De esa cuenta, Aifán busca frenar el trámite de la petición del IMCAOJ para ser despojada de su derecho de inmunidad.
En la acción de amparo que planteó la jueza se señala que se pretende desaforarla de manera espuria, con lo cual se pretende limitarla en el ejercicio de su independencia judicial.
La información que la juzgadora deberá trasladar a la máxima corte del país servirá, según la notificación, para resolver en definitiva el amparo que fue solicitado.
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Aifán y elección de cortes
La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que en el despacho a cargo de Aifán se tramitara el caso por supuestas irregularidades y hechos de corrupción en la selección de magistrados judiciales para el período 2019-2024.
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), en el desarrollo del proceso de selección se formó una organización criminal con el objetivo de:
- Acodar quiénes integrarían la CSJ y las Cortes de Apelaciones para el referido período.
En la estructura se incluyó a:
- Operadores políticos.
- Comisionados.
- Abogados aspirantes a una magistratura.
- Magistrados que buscaban la reelección.
- Jueces en busca de un ascenso por designación del Congreso de la República.
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