Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa del empresario Ángel González, solicitó a las autoridades guatemaltecas que se frene la persecución penal en su contra.
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La señalada, quien está vinculada al caso que se denomina como “Cooptación del Estado de Guatemala”, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de un delito por el cual se le señala.
Según la petición que fue entregada ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, se considera que Lorenzana Cardona no debe ser sometida a una pesquisa por cargos de financiamiento electoral no registrado.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), la señalada habría aportado recursos para las campañas electorales que el desaparecido Partido Patriota (PP) efectuó.
De acuerdo con los señalamientos, los aportes no fueron registrados ante los órganos de fiscalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con lo cual se puso en ventaja a la referida agrupación política.
El órgano encargado de la persecución penal informó que se tiene conocimiento de las acciones legales que inició la esposa de González.
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Pero que será el juez Miguel Ángel Gálvez quien deberá analizar la petición, así como establecer si es válido lo que se señala.
Además, la FECI detalló que se le dio un plazo para que se pronuncie con relación a lo manifestado por Lorenzana Cordón.
La esposa de González fue declarada en rebeldía, por considerarse que ya sabe de la persecución penal desarrollada en su contra por a través de la información difundida por los medios de comunicación.
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Planteamiento de Alba Lorenzana
Según la petición que Lorenzana Cordón hizo a Gálvez, la Constitución Política de la República de Guatemala señala en el artículo 15 que:
“La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo”.
De esa cuenta, se indicó que las acciones penales en su contra se dieron a conocer en 2016, pero que los hechos que se le señalan son de años anteriores.
Además, que el delito por el cual se le persigue fue creado por el Congreso de la República en octubre de 2018, cuando se reformó en el Código Penal en materia de delitos electorales.
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