en A pesar de que no está permitido contratar personal en el renglón 022 para puestos administrativos temporales, la directiva del Congreso, a cargo de Allan Rodríguez, autorizó emplear a 362 personas, según detalló el informe de la Alianza por un Congreso Eficiente.
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De acuerdo con el monitoreo del Legislativo las contrataciones de más fueron ubicadas en la Dirección Administrativa (92), Asuntos Jurídicos (52). En Estudios e Investigación Legislativa (45), Recursos Humanos (43), Comunicación Social (34) y Guardia Parlamentaria (21). El resto se ubica en otras direcciones.
En total hay 939 personas bajo contrato 022, rubro que representa mayor aumento desde 2018, ya que el año anterior se había llegado a tener 655 trabajadores.
Asimismo, se detectó que 39 personas en el renglón 029 desempeñan puestos administrativos, lo que tampoco está permitido. No obstante, en ese rubro se observó una reducción de 56 puestos.
El total de empleados en planilla o en renglón 011 es de mil 264, también en ese rubro hay una leve disminución de 13 plazas.
El analista Walter Menchú enfatizó que la contratación de personal en los últimos años en el Congreso ha venido en aumento, pero que se incumplen con las propias normas.
También en el uso del presupuesto, la fiscalización al Congreso reflejó que durante los cinco meses del año, a pesar de la pandemia. La ejecución fue mayor un 3% en comparación con el año pasado, una diferencia de Q18.6 millones.
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De enero a mayo, la directiva autorizó el uso de Q363 millones de los Q913.9 millones autorizados.
Las unidades que más han ejecutado son asignaciones globales con un 56%, siendo la principal, seguido de transferencias corrientes con un 44%, además de servicios personales con un 42% y materiales y suministros con un 25%. Cabe resaltar que el rubro de servicios personales tuvo un aumento de gasto de Q13.5 millones.
Desempeño en el Congreso
En cuanto al trabajo de los diputados, en el primer semestre se aprobaron siete decretos, de los cuales cuatro eran iniciativas de ley de años anteriores. De las tres leyes aprobadas que se presentaron este año, dos corresponden a trámites administrativos por la integración de la Corte de Constitucionalidad.
Y la primera fue la Ley de Financiamiento y Adquisición de Vacunación contra el Covid-19.
Mientras que con respecto al trabajo de las comisiones en el Congreso, llamó la atención que de las 10 evaluadas de las 38. Las de Legislación y Puntos Constitucionales y de reformas al Sector de Justicia realizaron sesiones con más del 25% del cuórum, pero no llegaron a la mitad más uno.
Y eso se debe a que las presiden diputados que no pertenecen a la alianza legislativa liderada por la bancada oficial Vamos. Por lo que es una estrategia para que no avance el análisis de las iniciativas de ley.
Otro de los datos que se mencionan es que los diputados no se presentan a las comisiones, sino que son representados por asesores a pesar de que son convocados con anticipación.
“Diputados que integran varias comisiones presentan excusas y algunos se han desincorporado después de varias sesiones”, indicó Menchú.
Sin prioridad
En junio se cumplió un año de que en el Congreso se debió iniciar con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones. Aunque la directiva ha colocado el tema en su agenda, la alianza oficialista usa estrategias para no llegar a ese punto.
La discusión se centró en que por orden debió iniciarse con la elección de magistrados para la CSJ. Pero la directiva decidió iniciar con la de Apelaciones y solo se ha votado por tres candidatos.
