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Apoyan a exjefe de la FECI y exigen dimisión del Presidente y Fiscal General

Los manifestantes que iniciaron la protesta en la sede del Ministerio Público (MP) y luego se movilizaron a la Plaza Central también pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscal General, Consuelo Porras.

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Este sábado, unos mil guatemaltecos manifestaron su apoyo al exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.

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Los manifestantes que iniciaron la protesta en la sede del Ministerio Público (MP) y luego se movilizaron a la Plaza Central también pidieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la Fiscal General, Consuelo Porras.

En el lugar se captó a los guatemaltecos portar carteles en apoyo a Sandoval y en contra las autoridades antes mencionadas.

Decenas se raparon el cabello con un peluquero que llegó a la plaza con sus instrumentos como muestra de rechazo a las declaraciones del presidente quien declaró que solo “unos 150 pelones” llegaban a manifestar.

“No somos 150 pelones, pedimos al renuncia de la nefasta fiscal que está al servicio del presidente”, dijo un estudiante universitario en un altoparlante, al tiempo de recriminar al gobernante, médico de profesión, el mal manejo de la pandemia del nuevo coronavirus, la falta de vacunas e insumos en los hospitales públicos.

Sandoval abandona el país

El destituido fiscal contra la impunidad abandonó el país para “resguardar su vida”, tras señalar que le obstaculizaron investigar al presidente Giammattei.

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El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, acompañó a Sandoval a la frontera con El Salvador, “ante la dura decisión de abandonar el país para resguardar su vida e integridad por los recientes hechos”.

El destino final del exfiscal se desconoce y fuentes de organismos humanitarios salvadoreños indican que ya salió de ese país.

Sandoval lideraba la FECI y fue destituido el viernes por su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, tras denunciar falta de apoyo a su gestión.

La decisión provocó críticas del Departamento de Estado, que lo consideraba un “campeón anticorrupción”, además de cuestionamientos de grupos humanitarios, organizaciones sociales y empresariales.

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