Juristas guatemaltecos, entre jueces y fiscales, han tenido que huir de Guatemala en primera instancia para proteger sus vidas.
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El medio internacional, El País, entrevistó a cuatro de ellos que se enfrentan a los retos de vivir en la capital de Estados Unidos, luego de haber liderado la lucha contra la corrupción en Guatemala.
La exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González, la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras y recientemente el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, se fueron de Guatemala porque sintieron que su vida estaba en riesgo y culpan de su situación a las “mafias” o al “pacto de corruptos”.
“Algunos han pedido asilo, otros han conseguido visas que les permiten vivir y trabajar y otros, como Gloria Porras, siguen decididos a agotar todas las opciones legales para recuperar las posiciones de las que fueron inhabilitados para que se haga justicia”, relata el medio.
Juristas en exilio
“Van a tratar de destruirme moralmente, aunque ya estoy muy afectado. La cuestión es casi darle la muerte civil a uno, desprestigiarlo, criminalizarlo. No ha sido suficiente la expulsión sino que quieren mi detención”, expresó Sandoval, exjefe de la unidad del Ministerio Público (MP) que lideraba investigaciones de alto impacto contra funcionarios.
Sandoval está en Washington sin trabajo, sin dominar el inglés y tratando de digerir la idea de comenzar de cero en un nuevo país. Esto luego de que fuera destituido por la fiscal general, Consuelo Porras.
Sandoval salió del país al día siguiente de su destitución, gracias a un salvoconducto, sin despedirse de su familia y con apoyo diplomático.
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El exfiscal Andrei González, quien integró también la FECI y llegó a Estados Unidos como refugiado en 2019, asegura que Porras tiene “estrechos compromisos” con el crimen organizado y lamentó que, a pesar de que ha tenido las herramientas para trabajar de manera independiente en la fiscalía, está obstruyendo la justicia y “utilizando a su favor y con objetivos perversos la ley que la protege”.
“Ahora estoy analizando si pido asilo. Los que recién salimos navegamos con la bandera de la esperanza (…) Quizás, si no quisiera tanto a mi país, dijera: ‘Borrón y cuenta nueva. Voy a empezar de cero. Voy a lavar platos o voy a ver a qué me dedico”, lamentó el exfiscal.
“Como abogada creo que tengo la responsabilidad de luchar por que las cosas funcionen correctamente”, mencionó Porras, quien ejerció durante diez años como magistrada de la CC y espera ser juramentada para un nuevo periodo al que fue electa.
Por su parte, la exmagistrada Claudia Escobar explicó que la última vez que tuvo esperanzas por una Guatemala más justa fue en 2015, con los señalamientos en contra de Otto Pérez y Roxana Baldetti. Sin embargo, a pesar del respiro y el empoderamiento social que se vivió en ese año, luego llegó al poder Jimmy Morales y con él el final de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la expulsión de Iván Velásquez.
“Hoy Guatemala está viviendo un drama humano con la pandemia, con la corrupción, con la pobreza. Es increíble la falta de sentimiento de quienes nos gobiernan”, relató Thelma Aldana, quien huyó de su país en 2018, el día después de dejar de ser fiscal general. EE. UU. brindó asilo a Aldana y aunque trabaja en la agencia WOLA, Aldana lamenta tener que estar lejos de su país.
“Una siente que está renunciando a su país, a su vida, a su familia”, añadió y aseguró que esperan, como exiliados, tener un rol activo para generar conciencia del problema de su país.
“Las mafias guatemaltecas saben guardar las formas, aparentan legalidad y usan la ley a su beneficio para la impunidad, para la corrupción, para criminalizar y tienen toda una estructura que va con campaña de desinformación, de criminalización, de desprestigio y eso puede confundir muy bien dentro del país y fuera de Guatemala”, agregó.
Los juristas destacaron que las soluciones para desarticular un proceso tan complejo de corrupción enquistada en los poderes públicos, para la mayoría de ellos, pasan porque los ciudadanos ejerzan su fuerza, tanto en las calles como en las urnas, y en que la comunidad internacional apoye al país.
