La organización Alianza por las Reformas envió una carta a la presidencia del G13 solicitando que se frene la cooperación con el Ministerio Público mientras que la fiscal general, Consuelo Porras, esté al frente de esa institución.
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El grupo que reúne a 40 organizaciones, expresó su “profunda indignación” por lo que consideran una “grave crisis que la fiscal general está generando en el MP y el sistema de justicia”.
En la misiva, la Alianza por las Reformas, menciona que la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, es considerada “ilegal y arbitraria”, y se trató de un obstrucción para investigar a funcionarios de gobierno y al presidente Alejandro Giammattei.
“Las últimas revelaciones han demostrado que la fiscal general y su equipo más cercano han obstruido investigaciones y han filtrado información de casos de corrupción para negociar impunidad”, se lee en la carta publicada en redes sociales.
Seguidamente, la organización señala que se han hecho traslados de personal de la FECI y de fiscales de carrera a otras fiscalías para que, según ellos, se impida que continúen las investigaciones de casos de corrupción, tráfico de influencias y otros crímenes.
MP emite postura
Al respecto, el Ministerio Público respondió que “no comparte los señalamientos que realiza dicha organización”. No obstante, según la fiscalía “se es respetuoso del derecho de petición y de la libertad de expresión”.
La remoción de Sandoval, quien luego dejó el país y viajó a Estados Unidos, argumentando que su integridad estaba en riesgo, generó protestas por más de dos semanas.
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Sandoval aseguró que se le pidió no investigar a Giammattei sin el consentimiento de Porras.
Por este caso Washington congeló la ayuda al MP tras “perder la confianza” en la fiscal general.
Según la fiscal Consuelo Porras, despidió a Sandoval porque ejercía una “justicia selectiva” e “ideologizada”.
