El Congreso de la República conocerá este domingo en segundo debate el Decreto Gubernativo 8-2021, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por medio del cual se declara estado de Calamidad Pública en todo el territorio por 30 días, derivado de la emergencia de salud pública a consecuencia de la pandemia producida por el coronavirus.
Ayer, sábado 4 de septiembre, el pleno, con 82 votos a favor (63 en contra) fue aprobada la moción privilegiada presentada por dos bloques legislativos que definió que el Legislativo conocerá en tres lecturas la propuesta para su ratificación, modificación o improbación, como establece la Ley.
A consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 138 y 158 de la Constitución Política de la República y 68 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el presidente de ese organismo, Allan Rodríguez, convocó a la Sesión Ordinaria de este domingo, a partir de las 10:00 horas, para continuar conociendo el proyecto de decreto que ratifica el estado de Calamidad.
El estado de Calamidad Pública contempla continuar con el plan masivo de vacunación y pruebas de diagnóstico, además se establece el toque de queda comprendido a partir de este sábado, entre las 20 horas a las 04:00 horas del día siguiente; es importante mencionar que en el caso específico de la restricción de movilidad esta será a partir del sábado 4 de septiembre hasta el viernes 1 de octubre.
Más medidas
Entre otras medidas se limitan las concentraciones de personas y se prohíben los espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que puedan ser una amenaza de contagio para la población.
Asimismo, se busca fortalecer el sistema de salud con el personal que sea necesario, así como la infraestructura básica de la atención médica.
En cuanto a la transparencia y eficacia de las adquisiciones, el Decreto Gubernativo 8-2021 establece que las compras serán publicadas al sistema de Guatecompras, portal al que toda la población tendrá el debido acceso, evaluando así a detalle cada uno de los procesos que se lleven a cabo.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas de la Nación deberá llevar a cabo los controles y fiscalizaciones de los procesos de compra, garantizando con ello la transparencia y la calidad en la ejecución del gasto público.