El Congreso de la República conoció en segundo debate el Decreto Gubernativo Número 8-2021, emitido por el Organismo Ejecutivo, por medio del cual se declara estado de Calamidad Pública en todo el territorio por 30 días, derivado de la emergencia del coronavirus.
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Durante la sesión ordinaria, el diputado Álvaro Arzú Escobar presentó una moción privilegiada para el estado de Calamidad fuera conocido en un solo debate. Esa situación provocó una discusión de casi dos horas entre los parlamentarios.
El Pleno, con 78 votos en contra y 47 a favor denegó la moción privilegiada presentada por Arzú Escobar.
Por tal motivo, el presidente del Organismo Legislativo, Allan Rodríguez, convocó a los diputados para el lunes 6 de septiembre a las 12:00 horas, para conocer la propuesta en su tercer debate, por artículos y redacción final.
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Estado de Calamidad por Covid-19
El estado de Calamidad Pública contempla continuar con el plan masivo de vacunación y pruebas de diagnóstico, además se establece el toque de queda comprendido a partir de este sábado, entre las 20 horas a las 04:00 horas del día siguiente; es importante mencionar que en el caso específico de la restricción de movilidad esta será a partir del sábado 4 de septiembre hasta el viernes 1 de octubre.
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Entre otras medidas se limitan las concentraciones de personas y se prohíben los espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que puedan ser una amenaza de contagio para la población.
Asimismo, se busca fortalecer el sistema de salud con el personal que sea necesario, así como la infraestructura básica de la atención médica.
En cuanto a la transparencia y eficacia de las adquisiciones, el Decreto Gubernativo 8-2021 establece que las compras serán publicadas al sistema de Guatecompras, portal al que toda la población tendrá el debido acceso, evaluando así a detalle cada uno de los procesos que se lleven a cabo.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas de la Nación deberá llevar a cabo los controles y fiscalizaciones de los procesos de compra, garantizando con ello la transparencia y la calidad en la ejecución del gasto público.
