Luego de la destrucción de parte de las instalaciones del Congreso de la República por parte de militares retirados, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, emitió un comunicado en el que rechazó dichas actos vandálicos.
Durante una manifestación que se realizaba a inmediaciones del Palacio Legislativo, los militares retirados entraron por la fuerza haciendo ceder el portón de la entrada de la octava avenida y luego quemaron varios vehículos allí estacionados.
PDH se pronuncia
Asimismo, se resaltó que varios periodistas y fotoperiodistas de medios de comunicación, que se encontraban realizando la cobertura noticiosa, fueron atacados y amenazados por parte de los manifestantes.
A este respecto también emitió pronunciamiento la Asociación de Periodistas de Guatemala, entidad que repudió dichos actos.
También se informa que el personal del Departamento de Mediación y el Director de Auxiliaturas de la PDH verificaron la situación y protocolos de actuación de agentes de la PNC ante los hechos violentos.
Por lo anterior, el PDH recomienda lo siguiente:
- Al Ministerio Público, realizar una exhaustiva investigación de los hechos de vandalismo ocurridos en el Congreso, así como de las agresiones sufridas por periodistas.
- Al Congreso de la República, aportar los medios necesarios para la investigación objetiva de los hechos ocurridos en su sede principal.
- A la población en general, recuerda que la libre expresión y manifestación son derechos consagrados en la Constitución Política de la República.
Giammattei se pronuncia
El presidente Alejandro Giammattei también se pronunció sobre estos actos vandálicos que tuvieron lugar en el Congreso.
Giammattei reiteró su respeto “hacia aquellos guatemaltecos que han luchado y prestado su servicio a la Patria en las filas del Ejército de Guatemala”. Sin embargo, en ninguna circunstancia acepta acciones violentas, al margen de la ley, como las que se realizaron en las que atentaron contra el patrimonio público y pusieron en riesgo la integridad tanto de civiles guatemaltecos como de funcionarios públicos.